El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela se ha consolidado como una estructura donde convergen trayectorias diversas —desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Seniat y la justicia militar, hasta el sector privado y la academia— con un objetivo común: la aplicación de la ley en favor del régimen oficialista. La pericia técnica de sus magistrados, lejos de orientarse al interés común, funciona como una herramienta jurídica para sostener el poder, ratificar inhabilitaciones, intervenir partidos y levantar embargos sobre bienes de empresas aliadas.
Uno de los casos más recientes de esta dinámica se observa en la gestión de Elías Rubén Bittar Escalona, quien en mayo de 2026 fue ratificado como presidente de la Sala de Casación Social y designado primer vicepresidente del TSJ. Bajo su presidencia, la Sala intervino en los litigios laborales contra Servicios Halliburton de Venezuela. Mediante la sentencia número 327, dictada el 27 de julio de 2026, el tribunal levantó los embargos sobre equipos de la empresa, calificándolos como "activos estratégicos" para la industria de hidrocarburos. Esta decisión dejó sin instrumento de presión a 57 extrabajadores que reclamaban diferencias en sus prestaciones sociales, permitiendo que la empresa recuperara el uso y goce de sus activos mientras los juicios continúan abiertos. Bittar, quien fue consultor de RCTV y Empresas 1BC y fue indultado por Hugo Chávez en 2007, representa el tránsito de perfiles del sector privado hacia la cúpula judicial.
En la Sala Político-Administrativa, el patrón de control fue ejemplificado por Malaquías Gil Rodríguez, quien ocupó un cargo allí desde 2010 hasta abril de 2026. Gil, proveniente de la militancia activa en el MVR y el PSUV, fue el ponente de decisiones críticas para el escenario político, incluyendo la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado por 15 años y la confirmación de la inhabilitación de Henrique Capriles Radonski. Su gestión, marcada por la incompatibilidad entre la militancia partidista y la magistratura, le valió sanciones de la Unión Europea y el gobierno de Suiza por socavar la democracia.
Por su parte, Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta destaca por su permanencia y disciplina operativa. Con un pasado en la judicatura militar y el decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María, Figueroa utilizó la Sala Político-Administrativa para blindar al Estado frente a reclamos ciudadanos. Sus firmas avalaron sanciones contra medios como El Nacional, Tal Cual y El Impulso, y validaron multas contra General Motors Venezolana que derivaron en el embargo de su planta en Valencia. Posteriormente, trasladado a la Sala Electoral, ha participado en la intervención de partidos políticos y la anulación de comicios universitarios. Actualmente, es objeto de sanciones por parte de Canadá, Panamá y la Unión Europea.
El tribunal también opera mediante figuras técnicas silenciosas. Grisell López Quintero, vicepresidenta de la Sala de Casación Penal, es un ejemplo de la permeabilidad entre instituciones. Tras una trayectoria en el CNE y cargos en aseguradoras estatales, pasó de la Sala Electoral a la Sala Penal en mayo de 2026. Su rol ha sido aportar cobertura técnica a un sistema que, según organismos internacionales, ha convalidado procesos viciados y detenciones arbitrarias.
En una línea similar se encuentra Emilio Antonio Ramos González, un magistrado de carrera técnica especializado en derecho contencioso-administrativo. Ramos González ha sido fundamental para bloquear el acceso de los ciudadanos a la justicia ordinaria en casos contra el Estado. Un ejemplo notable es el caso de Vidrios Venezolanos Extra (Vivex), donde determinó que los tribunales no podían conocer reclamos laborales derivados de la toma de la empresa, remitiendo el conflicto a instancias administrativas sin capacidad de ejecución.
Finalmente, la Sala Electoral ha contado con magistradas cuya trayectoria en el área tributaria y administrativa ha servido para anular la voluntad popular. Entre sus actuaciones destacan la decisión de 2016 que paralizó la Asamblea Nacional tras los eventos en Amazonas y el respaldo al despojo de directivas de partidos como Copei, Acción Democrática y Voluntad Popular.
En conjunto, la estructura del TSJ revela que el nombramiento de sus integrantes no responde a concursos de méritos o trayectorias doctrinarias independientes, sino a la funcionalidad política. Ya sea a través de operadores técnicos, cuadros partidistas o perfiles académicos, el resultado es la transformación de la justicia en un muro de contención que protege la discrecionalidad administrativa y el patrimonio del Estado frente a cualquier cuestionamiento legal.
