El análisis del origen de la Audiencia de Quito y el posterior establecimiento de la Junta de 1809 permite comprender la complejidad de la lucha por la autonomía dentro del Reino de España, especialmente en el marco de la crisis provocada por la invasión napoleónica en Europa. Lejos de ser un movimiento inicial de ruptura total, los hechos revelan una búsqueda de representación y autogestión administrativa frente a las estructuras coloniales impuestas.
La base de esta organización se remonta al 29 de agosto de 1563, cuando el rey Felipe II, mediante una cédula real emitida en Guadalajara, España, ordenó la creación de una Audiencia en los dominios americanos. Esta institución debía residir en la ciudad de San Francisco de la provincia del Quito, integrándose en el Virreinato del Perú. La Audiencia, definida técnicamente como un tribunal compuesto por un presidente y varios oidores, tenía como función principal la administración de justicia. Este órgano fue la segunda Audiencia creada por Felipe II, precedida únicamente por la de Charcas en 1559.
En el contexto del primer ciclo de creación de audiencias españolas en América, que inició con la Audiencia de Santo Domingo en 1511 y finalizó con la de Chile en 1565, se establecieron un total de once órganos de justicia. La Audiencia de Quito fue la penúltima de este ciclo. A lo largo del tiempo, estas instituciones sufrieron modificaciones; en el caso de Quito, el órgano fue suprimido temporalmente entre los años 1717 y 1723, antes de ser restablecido.
Un aspecto fundamental para entender las tensiones posteriores es la clasificación administrativa de estas instituciones. Las Audiencias se dividían en virreinales, pretoriales y subordinadas. La Audiencia de Quito ostentaba la condición de subordinada, lo que significaba que estaba sometida a una Audiencia virreinal. Específicamente, entre 1563 y 1739, Quito dependió de la Audiencia de Lima, y desde 1739 hasta el periodo de la independencia, pasó a estar subordinada a la Audiencia de Santa Fe. Esta misma condición de subordinación fue compartida por otras entidades como Guadalajara en México y Charcas.
Esta estructura de dependencia administrativa fue el detonante que facilitó la creación de las juntas en 1809, tanto en Quito como en Charcas (Chuquisaca y La Paz). Para aquel año, el Reino de España se encontraba sumido en un conflicto bélico contra la Francia de Napoleón. Desde mayo de 1808, la resistencia española se había organizado a través de juntas, siendo la de Asturias la primera, con el objetivo de defender el reino ante la ausencia de un monarca legítimo, luego de que Carlos IV y Fernando VII abdicaran en Bayona.
En enero de 1809, la Junta Suprema Central, que actuaba como depositaria de la autoridad soberana hasta el regreso del rey, convocó a elecciones en los territorios del reino para designar representantes. En este proceso participaron los dominios en América y las islas Filipinas. Sin embargo, las reglas electorales dictaminaban que se elegiría un representante por cada Virreinato y Capitanía General, sumando un total de diez representantes entre América y Asia.
Esta normativa excluía la representación directa de la Audiencia de Quito, manteniéndola bajo la jurisdicción de una Audiencia virreinal. La situación se agravaba debido a que, para dichas elecciones, algunas provincias de la Audiencia de Quito se encontraban bajo la jurisdicción del Virreinato de Santa Fe, mientras que otras dependían del Virreinato de Lima.
Este escenario de marginación política y administrativa fue el motor detrás de la creación de la Junta Suprema de Gobierno en la ciudad de San Francisco de Quito el 10 de agosto de 1809. Esta Junta adoptó el título de “Magestad” y fue presidida por una “Alteza Serenísima”. Desde la perspectiva de la lucha que se libraba en Europa, este movimiento fue una forma de participar en la defensa del Reino de España contra la agresión francesa, pero simultáneamente representó la oportunidad de romper la dependencia administrativa respecto a la Audiencia superior ubicada en Santa Fe (Bogotá).
En conclusión, la naturaleza del movimiento ocurrido en agosto de 1809 no fue una lucha dirigida contra el Reino de España, sino que se planteó como una acción en su defensa, buscando al mismo tiempo la autonomía administrativa de la Real Audiencia de Quito.
