El proceso judicial relacionado con el Caso Sinohydro ha sumado un nuevo episodio legal. La defensa técnica del expresidente de la República, Lenín Moreno, junto con la de otros once condenados, ha presentado formalmente una solicitud ante la justicia para acceder a la suspensión condicional de la pena. Esta petición surge en un momento crítico, pues se produce apenas unos días después de que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia emitiera la sentencia de primera instancia.
En dicha resolución, el exmandatario fue sentenciado a cinco años de prisión por haber sido hallado culpable del delito de cohecho. Ante este escenario, el recurso legal interpuesto por su equipo jurídico busca detener la ejecución inmediata de las penas privativas de libertad. La propuesta consiste en que los sentenciados puedan cumplir su condena a través de un régimen de medidas alternativas, que incluiría presentaciones periódicas ante las autoridades judiciales, evitando así el ingreso a un centro penitenciario.
La Sala Penal de la Corte Nacional ha acogido el trámite respectivo y ha procedido a fijar la fecha para la audiencia de fundamentación. Este acto procesal se llevará a cabo el próximo lunes 7 de septiembre de 2026, a partir de las 14:30 horas. En esta diligencia, los magistrados deberán analizar la viabilidad de la solicitud basándose en los argumentos técnicos presentados por las defensas.
El núcleo de la estrategia legal de los sentenciados reside en la aplicación del principio de favorabilidad. Los abogados invocan la normativa del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se encontraba vigente al momento en que ocurrieron los hechos investigados, los cuales se remontan al año 2010. De acuerdo con el texto legal de aquel entonces, era posible suspender las penas de cárcel siempre y cuando estas no superaran los cinco años de duración, condición que se cumple en el caso del exmandatario.
No obstante, este camino jurídico enfrenta un obstáculo significativo debido a las modificaciones legales posteriores. Una reforma implementada en el año 2021 excluyó de manera explícita a los delitos tipificados como corrupción —dentro de los cuales se encuentra el cohecho— de cualquier tipo de beneficio penitenciario o de la posibilidad de suspender la pena. Esta contradicción normativa entre la ley vigente al momento de los hechos y la ley actual ha generado un intenso debate jurídico y una fuerte expectativa en la opinión pública del país.
La solicitud de suspensión de la pena no es exclusiva del expresidente. El pedido fue ingresado también por otras personas clave en el entramado judicial. Junto a Lenín Moreno, fueron sentenciados como autores directos el empresario Conto Patiño y tres ciudadanos de nacionalidad china. Asimismo, miembros del círculo íntimo del exmandatario también han solicitado el mismo beneficio. Entre ellos se encuentran su esposa, Rocío González; su hija, Irina Moreno; y sus hermanos, Edwin y Guillermo Moreno. Estos familiares fueron ratificados por el tribunal en calidad de cómplices del delito, recibiendo una condena de dos años y seis meses de prisión.
El trasfondo de estas condenas es el dictamen judicial que determinó la existencia de una red de corrupción. Según las investigaciones y la sentencia, esta red movilizó una suma aproximada de 76 millones de dólares en sobornos. Dichos pagos fueron efectuados por la empresa china Sinohydro con el objetivo de asegurar la adjudicación y el posterior financiamiento de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Además de las penas privativas de libertad, el fallo judicial estableció medidas de reparación integral colectiva. El tribunal dictó que los sentenciados deberán pagar un monto globalizado que supera los 163 millones de dólares para resarcir los daños causados.
La audiencia programada para el 7 de septiembre será determinante. En ella se definirá si los magistrados optan por aplicar la norma anterior basándose en la favorabilidad o si ratifican la obligatoriedad del cumplimiento de las penas de prisión ordinaria conforme a las reformas vigentes. Mientras se aguarda esta resolución, las defensas técnicas continúan trabajando en la preparación de los recursos de apelación y casación correspondientes.
