La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha emitido una denuncia formal este jueves en relación con los procedimientos de traslado de personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela. La organización señaló que estos movimientos de detenidos se han estado realizando sin que se haya cumplido con la notificación previa obligatoria a sus familiares, una situación que ha generado alarma entre los defensores de los derechos humanos y los allegados a los afectados.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la ONG JEP condenó categóricamente esta práctica, calificándola como una acción opaca que vulnera directamente los derechos fundamentales de quienes se encuentran privados de libertad. Según la organización, la falta de comunicación oficial sobre el destino de los detenidos no solo afecta la situación jurídica y administrativa de los presos, sino que impacta profundamente en el entorno familiar.
En el cuerpo de su denuncia, la organización resalta que la omisión de estas notificaciones crea un estado de incertidumbre severo para los seres queridos de los detenidos. El hecho de no conocer la ubicación exacta de un familiar privado de libertad impide que los allegados puedan coordinar visitas, enviar suministros básicos o mantener el vínculo afectivo necesario para el bienestar psicológico del interno, sumando una carga adicional de angustia a las familias.
Ante este escenario, la ONG JEP ha elevado una exigencia directa a las autoridades competentes del Estado venezolano. La organización solicita que se informe de manera transparente, clara y oportuna el paradero exacto y el centro de destino de cada una de las personas que han sido trasladadas. Para la organización, la transparencia en estos procesos es fundamental para evitar la desaparición temporal de personas y para asegurar que se respeten los protocolos básicos de detención.
Asimismo, la organización instó al Estado a tomar medidas inmediatas para garantizar que los privados de libertad puedan establecer contacto con sus allegados. JEP enfatiza que este contacto no es una concesión, sino una necesidad urgente para verificar el estado de salud y la integridad física de los detenidos. La posibilidad de que los familiares hablen con los presos permite constatar que no han sido víctimas de maltratos durante el traslado o en sus nuevos centros de reclusión.
En su argumentación, la ONG recordó que el poder público tiene una obligación legal ineludible. Según la organización, el Estado es el responsable directo de velar por la seguridad y la protección de todas las personas que se encuentran bajo su custodia, independientemente de los motivos de su detención. El traslado de un individuo sin informar a sus representantes legales o familiares es visto por la organización como un incumplimiento de este deber de custodia y protección.
La denuncia de Justicia, Encuentro y Perdón subraya la persistencia de estas prácticas que, al mantenerse en la opacidad, vulneran los derechos humanos básicos. La organización reiteró que el traslado de personas privadas de libertad por razones políticas no debe ser utilizado como una herramienta para aislar a los detenidos de sus redes de apoyo ni para generar presión psicológica sobre sus familias a través del desconocimiento de su ubicación.
Finalmente, el comunicado de la ONG concluye con un llamado a las autoridades para que cesen estas acciones y adopten un modelo de gestión penitenciaria basado en la legalidad y el respeto a los derechos humanos. La exigencia de JEP es clara: el Estado debe garantizar el derecho a la información y la integridad de los ciudadanos bajo su control, eliminando cualquier rastro de opacidad en los movimientos de los presos políticos en el territorio nacional.
