Argentina atraviesa actualmente una transformación profunda en la relación entre el Estado, la comunidad y el sujeto. La gestión pública ha adoptado una impronta marcada por la arbitrariedad y un repliegue sistemático de sus responsabilidades constitucionales básicas. Esta dinámica trasciende el simple ajuste presupuestario para configurar una posición de omnipotencia retórica e impunidad operativa que deja expuestos a la intemperie a los sectores más vulnerables de la población.
El desmantelamiento de los dispositivos de cuidado colectivo se manifiesta en diversas áreas críticas. Se ha registrado la interrupción en la entrega de drogas oncológicas para pacientes sin cobertura, la suspensión de prestaciones y medicamentos destinados a personas con discapacidad y una erosión extrema de los haberes previsionales frente a la canasta básica de vivienda, alimentos y salud. Asimismo, se observa una precarización salarial de los profesionales en hospitales públicos, destacándose el conflicto en el Hospital Garrahan, y el vaciamiento de los programas de becas e investigación en el CONICET.
Este proceso de desmontaje alcanza también los proyectos estratégicos de soberanía científica, energética e industrial. Se ha interrumpido el desarrollo del reactor nuclear CAREM y se han producido desmantelamientos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). En paralelo, se han impulsado procesos de remate o privatización de empresas de valor público acumulado, entre las que se encuentran Hidrovía, AySA, Belgrano Cargas, Intercargo, ENARSA, IMPSA, Aerolíneas Argentinas, RTA, Casa de Moneda, Télam y Correo Argentino. La ruptura del pacto social se hace evidente en el desoír sistemático de fallos judiciales, la falta de provisión de alimentos a comedores comunitarios y el incumplimiento de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.
Históricamente, el proyecto nacional operó como un articulador de identidad y dignidad colectiva. Esta vigencia se reflejó recientemente durante la gesta deportiva de 2026, donde la exposición mundial de una bandera con la frase “Las malvinas son Argentinas” al final del partido contra Inglaterra recordó el orgullo sostenido por la obra de figuras como René Favaloro, Carlos Saavedra Lamas, Bernardo Houssay, Luis Federico Leloir, Adolfo Pérez Esquivel y César Milstein. Sin embargo, cuando este espejo institucional es agredido, el sujeto pierde su narrativa de pertenencia. La respuesta del poder ante la resistencia comunitaria —como las marchas de jubilados, universitarios y colectivos de salud— ha sido el despliegue de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad, resultando en graves lesiones en manifestantes desarmados.
El colapso del ideal de movilidad social ascendente, anteriormente simbolizado en la aspiración de profesionalización, ha sido sustituido por un paradigma de meritocracia atroz. Bajo esta narrativa, el éxito o fracaso depende exclusivamente del esfuerzo individual, lo que transforma la vulnerabilidad objetiva en culpa personal. La imposibilidad de construir un proyecto de vida digno en términos de estudio, trabajo formal y vivienda genera un vacío insoportable. Esta situación afecta severamente a la juventud, empujada al trabajo en plataformas bajo condiciones de autoexplotación y sin protección legal, así como a las fuerzas de seguridad, donde los salarios a la baja y el endeudamiento actúan como detonantes trágicos.
Los datos oficiales del SNIC y el Ministerio de Salud para el periodo 2025-2026 reflejan la gravedad de este escenario. En 2025 se registraron 5.209 suicidios consumados, lo que representa un incremento anual del 22,6% respecto a los 4.249 casos de 2024. Esta cifra triplica la cantidad de homicidios dolosos (1.676) y supera a los accidentes de tránsito, convirtiendo al suicidio en la principal causa de muerte violenta en el país, con un promedio de más de 14 casos por día. La franja etaria más vulnerada es la de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años, extendiéndose fuertemente a los adultos de 25 a 34 años, con una tendencia que continúa acelerándose en 2026.
Este panorama reactiva una lógica sociopolítica donde se promueve una selección natural, descartando a quienes el sistema califica como "desechos", enfermos o desempleados. El resultado es una atmósfera de agresividad cotidiana en escuelas, familias y calles, que ha desbordado los dispositivos de salud mental y colapsado a los trabajadores del sector. Ante este desamparo, se plantea la necesidad urgente de reconstruir redes sociales y territoriales de contención colectiva para transformar el aislamiento en pertenencia y la indefensión en organización solidaria.
