La percepción de la corrupción en el Gobierno de Estados Unidos ha alcanzado niveles críticos, reflejando un consenso inusual entre ciudadanos de diversas tendencias políticas. A pesar de las promesas recurrentes de Donald Trump de "limpiar la ciénaga" de Washington y liberar al país de una "élite radical y corrupta" que extraía riqueza de los ciudadanos, los datos más recientes sugieren que la ciudadanía no considera que tales promesas hayan sido cumplidas.
Según una encuesta realizada por Gallup, el 89 % de los estadounidenses afirmó que la corrupción está generalizada en el Gobierno del país. Esta tendencia es respaldada por datos de la Universidad de Massachusetts en Amherst (UMass), donde el 97 % de los encuestados aseguró que existe algún tipo de corrupción gubernamental, y un 75 % calificó dicha corrupción como "mucha".
El fenómeno es particularmente notable al analizar la posición de Estados Unidos frente a otros países. Datos preliminares de Gallup sobre los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indican que Estados Unidos se encuentra en una categoría aparte. Mientras que la percepción promedio de corrupción se había mantenido por debajo del 60 % desde 2022, en Estados Unidos la cifra se ha disparado, superando el 70 % desde 2010. Para el año 2025, el país registró un 79 %, empatando en percepción de corrupción con Colombia.
Lo más sorprendente es que este sentimiento trasciende las líneas partidistas. Generalmente, el apoyo al partido en el poder reduce la percepción de corrupción entre sus simpatizantes; sin embargo, esto no ha ocurrido en el ciclo actual. El 83 % de los republicanos percibe una corrupción generalizada, una cifra cercana al 87 % que sostenían en 2024 durante la administración de Joe Biden. Por su parte, el 91 % de los demócratas y el 90 % de los independientes coinciden en que la corrupción es generalizada.
En cuanto a las instituciones, la encuesta de la UMass revela que la Presidencia es vista como la rama más corrupta por el 53 % de los participantes, seguida por el Congreso, mencionado como la segunda más corrupta por el 41 %.
Este clima de desconfianza coincide con cuestionamientos sobre los intereses financieros de la familia Trump durante el segundo mandato. Se ha señalado que Trump Media vende acceso anticipado a publicaciones en redes sociales, permitiendo que empresas de Wall Street paguen hasta 100.000 dólares mensuales para conocer decisiones políticas con antelación. Asimismo, los hijos del presidente, Eric y Don Jr., mantienen intereses en empresas contratistas de defensa en un momento en que se impulsa un presupuesto para el Pentágono de 1,5 billones de dólares. Además, han fundado World Liberty Financial para aprovechar el mercado de las criptomonedas, mientras el presidente mantiene una postura de no intervención regulatoria.
El propio Donald Trump ha admitido que se siente con derecho a mezclar los negocios con la política, afirmando que intentó separarlos en su primer mandato sin obtener reconocimiento alguno. Esta actitud se extiende a otros funcionarios; Howard Lutnick, secretario de Comercio, desestimó como "preguntas tontas" las dudas sobre conflictos de interés en un acuerdo minero que beneficia a su familia y a la de Trump. Por otro lado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se negó a comprometerse a no trabajar para contratistas de defensa durante diez años tras dejar su cargo.
La problemática se extiende al Congreso, donde el seguimiento de las transacciones bursátiles de legisladores, como Nancy Pelosi y Ro Khanna, ha generado peticiones bipartidistas para prohibir que los miembros del Congreso y sus familiares directos negocien acciones, una medida apoyada por una amplia mayoría de la población.
Finalmente, la gestión del gasto público añade tensión al escenario. Con una deuda nacional superior a los 40 billones de dólares, la administración ha implementado recortes de impuestos masivos mientras el gasto público se mantiene elevado. Elon Musk, quien fue contratado como funcionario especial para reducir la burocracia y el gasto, regresó eventualmente a sus empresas que dependen de contratos gubernamentales, convirtiéndose brevemente en el primer trillonario del mundo. Su inversión de casi 300 millones de dólares para ayudar en la elección de Trump en 2024 es vista por algunos como una inversión sólida.
Mientras los demócratas advierten sobre amenazas a la democracia y el derecho al voto, y Trump sostiene afirmaciones sobre fraudes electorales, la gran mayoría de la población estadounidense mantiene una visión común: la corrupción es una realidad omnipresente en su Gobierno.
