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Alcaldía de Santa Cruz apelará reducción de fianza y fin del arresto domiciliario de Jhonny Fernández

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra anunció que apelará la determinación judicial que redujo la fianza de Bs 500.000 a Bs 50.000 y dejó sin efecto su arresto domiciliario.

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Alcaldía de Santa Cruz apelará reducción de fianza y fin del arresto domiciliario de Jhonny Fernández

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ha manifestado formalmente su decisión de impugnar la reciente determinación judicial que ha modificado las medidas cautelares impuestas al exalcalde Jhonny Fernández. La administración municipal busca que una instancia judicial superior revise y revierta la decisión que no solo redujo significativamente la fianza económica exigida al exmandatario, sino que también dejó sin efecto su arresto domiciliario.

La información fue proporcionada este miércoles por José Coplot, quien se desempeña como el director de Asuntos Jurídicos del municipio cruceño. Según detalló el funcionario, se llevó a cabo una audiencia destinada específicamente a la modificación de las medidas cautelares que pesaban sobre Jhonny Fernández. En el marco de este proceso, el tribunal determinó que la fianza económica, que originalmente se había fijado en la suma de 500.000 bolivianos, sea reducida a un monto de 50.000 bolivianos.

Además de la drástica reducción del monto económico, la resolución judicial dispuso la liberación del exalcalde de la medida de arresto domiciliario que mantenía hasta el momento. Ante este escenario, José Coplot explicó que tanto el gobierno municipal como el Ministerio Público han actuado de manera coordinada para interponer el recurso de apelación correspondiente. El objetivo primordial de esta acción legal es que una instancia superior del Poder Judicial pueda analizar los fundamentos de la decisión adoptada y evaluar si la modificación de las medidas cautelares es procedente en el contexto de la investigación.

El proceso judicial que enfrenta Jhonny Fernández se centra en lo que la actual administración municipal ha denominado como el caso del “asfalto fantasma”. Esta investigación surge a raíz de presuntas irregularidades detectadas en diversas obras de pavimentación ejecutadas durante su gestión. De acuerdo con los datos proporcionados por la Alcaldía, el proyecto contemplaba el asfaltado de un total de 102 kilómetros de vías. Sin embargo, tras las revisiones y auditorías realizadas, la municipalidad sostiene que existen tramos específicos donde las obras simplemente no existen, a pesar de haber sido contempladas y, presuntamente, presupuestadas.

José Coplot enfatizó que el municipio no desistirá en la realización de los procesos legales necesarios para esclarecer los hechos. El director de Asuntos Jurídicos aseguró que se presentarán todas las pruebas conducentes y necesarias para demostrar las irregularidades en el proyecto de pavimentación. Para la actual gestión municipal, este caso representa una cuestión de transparencia y responsabilidad administrativa, subrayando que todo funcionario o servidor público tiene la obligación ineludible de rendir cuentas sobre el uso de los fondos públicos.

En sus declaraciones, el funcionario fue enfático al señalar que el proceso se llevará a cabo en estricto apego a la ley. Coplot reiteró que cualquier persona que haya mal utilizado los recursos del Estado deberá responder ante la justicia boliviana. "En este caso, quien haya mal utilizado los recursos del Estado tiene que rendirles cuentas y nosotros estamos haciendo lo que corresponde en ley", puntualizó el representante jurídico de la municipalidad.

Por otro lado, el contexto legal de Jhonny Fernández es complejo, ya que no solo enfrenta el proceso por el denominado “asfalto fantasma”. Se ha informado que el exalcalde enfrenta actualmente un total de cuatro causas judiciales. Debido a la naturaleza de estas investigaciones y los riesgos procesales asociados, sobre él pesan alertas migratorias y, hasta la reciente resolución que la Alcaldía pretende revertir, mantenía la medida de detención domiciliaria.

La apelación interpuesta por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y el Ministerio Público pone ahora la resolución del caso en manos de un tribunal superior, que deberá decidir si mantiene la libertad y la fianza reducida de Fernández o si restablece las medidas restrictivas iniciales mientras continúa la investigación sobre los 102 kilómetros de pavimentación cuestionados.

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