Los esfuerzos de la administración de Donald Trump para imponer cambios en la gestión de las boletas electorales se enfrentan a un obstáculo que podría ser más determinante que las disputas judiciales: la imposibilidad técnica y temporal de su ejecución. Funcionarios electorales y expertos en voto por correo han advertido que, independientemente de los fallos judiciales, ya es demasiado tarde para implementar las normativas propuestas por el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS).
A través de documentos judiciales y entrevistas, diversos responsables electorales han señalado que no existe una vía práctica para cumplir con los planes del USPS, incluso si los estados lograran recaudar los millones de dólares necesarios para financiar estas medidas. Mientras que el gobierno ha calificado estas nuevas reglas como un cambio "modesto", los funcionarios locales advierten que el incumplimiento de estos requisitos podría facultar a la agencia para no entregar las boletas, lo que derivaría en una privación masiva del derecho al voto.
Uno de los puntos más críticos es la exigencia de que tanto el sobre de envío como el de devolución incluyan un código de barras único para el seguimiento automatizado. Si bien muchas jurisdicciones ya cuentan con estos códigos en los sobres de envío, son poco comunes en los de devolución, especialmente en zonas rurales. En Pensilvania, por ejemplo, más de una docena de condados carecen de ambos códigos.
El impacto financiero y logístico es considerable. Stuart Holmes, director de elecciones de Washington, indicó que el costo de reimprimir más de un millón de sobres ascendería a casi 2 millones de dólares. Sin embargo, el dinero no es el único problema; Holmes reveló que los tres principales proveedores del estado no pueden confirmar que sean capaces de reimprimir el material a tiempo. Esta situación se ve agravada por una escasez de papel post-pandemia, según Dena Dawson, directora de elecciones de Oregón, quien señaló que es posible que los proveedores ni siquiera consigan el suministro necesario.
Además de la impresión, el proceso de aprobación de los diseños representa un cuello de botella insuperable. El USPS cuenta con apenas 40 analistas de diseño de bultos postales (MDA) para revisar miles de diseños locales. En Michigan, existen al menos 1.521 tipos de sobres diferentes, muchos de los cuales requerirían rediseño. Sarah Copeland Hanzas, Secretaria de Estado de Vermont, recordó que en procesos rutinarios la aprobación de sobres puede tardar hasta tres meses, evidenciando la inviabilidad de los plazos actuales.
Otro pilar del plan es la creación de un portal federal donde las oficinas electorales deben cargar y actualizar continuamente las listas de votantes. Este sistema ha generado alarmas por su falta de madurez técnica. Un informante anónimo del USPS denunció que la agencia solo destinó unos pocos días para probar este sistema improvisado. El informe advierte que el USPS planeaba rechazar lotes enteros de papeletas —afectando a decenas de miles de personas— si un solo sobre del lote no coincidía con la información del portal.
La carga de datos también supone una carga laboral exhaustiva. En Colorado, la oficina del secretario de estado estima que el ingreso manual de datos añadirá decenas de miles de horas de trabajo al personal. Amanda Gonzalez, secretaria del condado de Jefferson, subrayó que el USPS aún no puede responder preguntas básicas sobre el funcionamiento del sistema a pocas semanas del envío de las boletas.
Desde la Casa Blanca, la portavoz Lauren Bis desestimó estas preocupaciones, afirmando que los estados debieron prepararse ya que la propuesta se presentó hace meses. La administración sostiene que cualquier confusión es resultado de los litigios de "demócratas radicales" para detener medidas que, según el gobierno, protegen la seguridad del voto.
Actualmente, los mandatos se encuentran suspendidos por una resolución provisional de un tribunal federal, aunque la administración ha apelado. A pesar de la incertidumbre legal, funcionarios como Cisco Aguilar, secretario de Estado de Nevada, y Adrian Fontes, secretario de Estado de Arizona, han manifestado que no permitirán que la administración dicte la conducción de las elecciones. Fontes expresó específicamente su preocupación por la capacidad del portal para manejar la carga masiva de datos del condado de Maricopa, que cuenta con más de 2,5 millones de votantes.
