El Gobierno Nacional ha vuelto a ceder ante las presiones de sus aliados políticos, aceptando dos modificaciones fundamentales en el proyecto del denominado "Súper RIGI". Esta iniciativa, que busca atraer grandes inversiones extranjeras, será tratada este miércoles a partir de las 13 horas en un plenario integrado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y de Legislación General. El objetivo central de este encuentro es lograr el despacho de comisión necesario para que la propuesta sea trasladada al recinto del Senado la próxima semana.
De acuerdo con la información proporcionada por La Libertad Avanza, el oficialismo prevé que la iniciativa sea tratada en el recinto en una sesión convocada para el próximo 10 de septiembre. En dicha jornada, el temario no solo incluirá el Súper RIGI, sino también el proyecto de biocombustibles, una medida que ha sido impulsada insistentemente por los bloques de la oposición, incluyendo tanto a los aliados del Gobierno como al peronismo.
Para garantizar la viabilidad del proyecto enviado desde la Casa Rosada, Patricia Bullrich, en su rol de jefa de la bancada oficialista, debió encabezar una serie de negociaciones con los sectores aliados. El resultado de estas gestiones fue la aceptación de dos cambios críticos. El primero de ellos se centra específicamente en las empresas que tengan la intención de instalar mega centros de datos (data centers) dedicados a la inteligencia artificial (IA) en el territorio argentino.
En este sentido, se modificará el articulado para establecer que cualquier centro de datos que se instale en el país deberá presentar y ejecutar un plan de suministro energético para prestar sus servicios. Esta exigencia surge como respuesta a la resistencia de los sectores más duros de la oposición, quienes alertan sobre el impacto que estas instalaciones podrían tener en la red eléctrica nacional. La preocupación se intensificó luego de que Open AI, la firma propietaria de ChatGPT, anunciara hace casi un año un plan de inversiones junto a Sur Energy —compañía del argentino Emiliano Kargieman— para desarrollar un centro de IA en la región de la Patagonia.
En aquel momento, se mencionaron inversiones estimadas en unos 25.000 millones de dólares, bajo un esquema de incentivos fiscales que superaría los ya fijados en el RIGI aprobado en 2024 dentro de la Ley Bases. La tensión política sobre este punto aumentó recientemente con la visita al país de Peter Thiel, dueño de Palantir, empresa de software especializada en IA. El desembarco de este tipo de firmas puso en alerta a diversos legisladores debido al altísimo consumo energético que demandan los data centers; se estima que, para el año 2030, estas instalaciones consumirán aproximadamente el 5% de la energía global.
Debido a este riesgo, los aliados condicionaron su apoyo a que el Gobierno exija obligatoriamente un plan de suministro energético. Esta modificación implica que, una vez aprobado en el Senado, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados, donde se deberá decidir si se aceptan los cambios introducidos por los senadores o si se insiste con la versión original aprobada en junio.
El segundo cambio aceptado por el Ejecutivo se vincula con el artículo del denominado "compre nacional", que regula la contratación de proveedores locales. En la media sanción otorgada por Diputados, se había establecido que los planes de inversión debían contemplar un compromiso de contratación de proveedores locales por un mínimo equivalente al 20% del monto destinado al pago de proveedores. No obstante, los sectores dialoguistas solicitaron que dicha protección se limite estrictamente a bienes producidos en Argentina.
Con estas concesiones, el oficialismo estima tener garantizado el apoyo de los bloques aliados, lo que le permitiría alcanzar un respaldo de más de 37 senadores. Esta cifra es fundamental, ya que asegura tanto el quórum necesario como la mayoría requerida para la aprobación de la propuesta.
El Súper RIGI está diseñado para atraer inversiones a partir de los 1.000 millones de dólares en sectores que actualmente no tienen presencia en el país, con un enfoque prioritario en la tecnología y el desarrollo de la Inteligencia Artificial. El programa tendrá una vigencia inicial de cinco años, con la posibilidad de ser prorrogado por un año más. En cuanto a los incentivos económicos, el sistema prevé una reducción del Impuesto a las Ganancias, que bajaría del 25% al 15%, y la eliminación de los derechos de exportación, que pasarían a ser 0% desde el primer año de vigencia.
El Gobierno busca que el dictamen salga este miércoles tras cuatro reuniones informativas previas. La intención del oficialismo es iniciar la audiencia con el texto definitivo ya consensuado, evitando así que el proyecto sufra múltiples modificaciones antes de llegar al recinto, tal como ocurrió con la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
