La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados llevará a cabo este miércoles, a partir de las 16 horas, una reunión clave para debatir un proyecto impulsado por la oposición que tiene como objetivo prorrogar por el término de un año la Emergencia en Discapacidad. Esta medida había sido aprobada por el Congreso el año pasado y ahora se busca extender su vigencia para garantizar la continuidad de los beneficios y protecciones establecidos.
En el marco de este encuentro, se producirá un hecho relevante: el principal funcionario del área, Alejandro Vilches, comparecerá para responder preguntas por primera vez. Vilches, quien actualmente se desempeña como secretario Nacional de Discapacidad, estará acompañado por otros dos altos mandos del sector: Esteban Giler, subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, y Gianfranco Scigliano, subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos.
La trayectoria reciente de Vilches en la administración pública está marcada por su designación como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025. Dicho nombramiento ocurrió tras la salida de Diego Spagnuolo, quien dejó el cargo en medio de un escándalo relacionado con presuntas coimas y sobreprecios.
El camino legislativo de la Emergencia en Discapacidad ha estado signado por fuertes tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. En julio de 2025, diversos bloques de la oposición lograron la aprobación de la ley 27.793, la cual declaraba la emergencia en materia de discapacidad con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, contemplando la posibilidad de una prórroga por un año adicional. No obstante, el presidente Javier Milei vetó la norma, argumentando que su implementación resultaría incompatible con el orden fiscal del país. A pesar del veto, el Congreso logró reunir los dos tercios de los votos en ambas Cámaras, lo que permitió insistir con el proyecto y obligar a su aplicación.
A pesar de haber perdido la batalla política en el recinto, el Gobierno Nacional implementó un decreto para dejar en suspenso la ejecución de la ley. La justificación oficial fue que el Congreso debía determinar primero las fuentes de financiamiento e incluir las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. Esta situación se prolongó hasta que la Justicia intervino, ordenando la aplicación inmediata de la ley tal como había sido aprobada originalmente.
Los beneficios de la normativa 27.793 son amplio y directos. En primer lugar, creó una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, cuyo monto equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio. Esta prestación es compatible con empleos formales, siempre que los ingresos del beneficiario no superen los dos salarios mínimos. En segundo lugar, la ley estableció un régimen de emergencia para regularizar las deudas tributarias de los prestadores del sistema, incluyendo hogares, escuelas, centros de día y transportistas. Este régimen contempla la condonación de intereses y multas, además de la refinanciación de planes de pago, ya fueran estos vigentes o caducos.
Un tercer pilar fundamental de la ley es la actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, basándose en el índice de movilidad. Este punto era uno de los reclamos más urgentes de las familias, dado que muchos prestadores habían dejado de brindar servicios esenciales, como el transporte o la educación en escuelas especiales, debido al congelamiento de los aranceles.
En la actualidad, la oposición promueve una nueva ley para hacer efectiva la prórroga de un año prevista en el proyecto original. El proyecto cuenta con las firmas de los diputados Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal). La iniciativa busca extender la facultad que permite al Jefe de Gabinete realizar las modificaciones presupuestarias necesarias sin reducir los créditos destinados a la finalidad de "Servicios Sociales", fuente de financiamiento que, según los legisladores, ya fue resuelta por la Justicia Federal.
El argumento central de los impulsores de la prórroga es la reticencia del Gobierno Nacional a aplicar la normativa. Sostienen que la ley 27.793 tuvo una vigencia real mínima debido a un proceso de vetos, trabas en la promulgación, intentos de derogación presupuestaria y litigios judiciales que duraron dos años. Según los firmantes, ese tiempo perdido afectó directamente a las personas con discapacidad, y la prórroga es la herramienta para recuperar ese periodo.
Finalmente, la tensión se trasladó a la organización de la audiencia. Mientras la oposición solicitó la participación de organizaciones civiles, el oficialismo argumentó que dicha posibilidad quedará abierta para reuniones futuras de la comisión. Desde la oposición denuncian que esto es una maniobra para dilatar la discusión. Por este motivo, mantienen la convocatoria a sesión para el 9 de septiembre, fecha en la que pretenden emplazar a las comisiones para que dictaminen el proyecto en un plazo determinado.
El escenario político actual difiere del de 2025. En esta oportunidad, La Libertad Avanza posee más de un tercio de los votos en el recinto, lo que significa que un eventual veto presidencial no podría ser revertido por la oposición. Ante esto, un diputado dialoguista señaló que, más allá de los números, el Gobierno deberá evaluar el costo político de una nueva medida de este tipo ante la proximidad de las elecciones.
