El expresidente de la República, Fabián Alarcón, ha emitido una respuesta formal ante una publicación difundida por el diario EXPRESO, en la cual se le vincula erróneamente con una lista de exmandatarios condenados penalmente por delitos de corrupción. A través de una carta, el exmandatario cuestionó la veracidad de la información y solicitó la rectificación de los datos presentados en los diversos canales de difusión del medio de comunicación.
El conflicto se originó el pasado 29 de agosto de 2026, cuando EXPRESO publicó en su portal web, edición impresa y redes sociales (específicamente en X y Facebook) una nota escrita por el periodista Martín Pallares titulada “Caso Synohydro: el correísmo ya tiene la cabeza de su peor enemigo”. En dicho artículo, el autor afirmó que, debido a un fallo reciente, ya existen cinco expresidentes condenados penalmente en los últimos 40 años, mencionando explícitamente los nombres de Jamil Mahuad, Rafael Correa, Lucio Gutiérrez, Lenín Moreno y Fabián Alarcón.
Fabián Alarcón ha sido enfático al señalar que la inclusión de su nombre en dicha lista es falsa e imprecisa. El exmandatario aseguró que jamás ha sido condenado por la justicia, y mucho menos por hechos relacionados con la corrupción, tal como se sostuvo en la nota del articulista. Según Alarcón, este tipo de afirmaciones no solo desinforman a la opinión pública, sino que vulneran sus derechos fundamentales al honor y al buen nombre, los cuales están garantizados por la Constitución.
Para respaldar su postura y enmendar el error, el Dr. Fabián Alarcón realizó un recuento detallado de los hechos judiciales que marcaron su pasado, argumentando que el autor de la nota desconoce los antecedentes históricos y públicos de su caso. Alarcón recordó que, en el pasado, enfrentó una denuncia relacionada con la supuesta contratación indebida de personal durante el periodo en que ejerció como presidente del Congreso Nacional.
Sobre este episodio, el expresidente explicó que, en el año 1999, se emitió en su contra una orden de prisión preventiva. Alarcón subrayó que esta medida era de carácter cautelar y provisional, y que, por definición legal, no constituía un juicio sobre el fondo del asunto, no establecía culpabilidades y, por lo tanto, no podía ser considerada bajo ninguna circunstancia como una “condena”.
El exmandatario destacó que, a pesar de considerar que la denuncia estaba motivada por intereses políticos y que la decisión de privarlo de su libertad fue infundada, nunca eludió a la justicia. Alarcón señaló que permaneció en el país y estuvo privado de su libertad durante varios meses, decisión que calificó como ilegítima, con el objetivo de salvaguardar su honor y el de su familia, además de demostrar públicamente su inocencia.
La resolución definitiva de este proceso legal ocurrió en mayo del año 2000. Según expuso el expresidente, la Primera Sala de lo Penal de la entonces Corte Suprema de Justicia, que era el órgano rector de la justicia ordinaria en Ecuador, dictó un sobreseimiento definitivo en su favor. Esta decisión judicial se basó en dos pilares fundamentales: un informe de la Contraloría General del Estado de la época, que determinó la inexistencia de indicios de responsabilidad penal o civil en su contra, y un dictamen abstentivo emitido por la Fiscalía General del Estado.
Fabián Alarcón concluyó que dicha resolución judicial firme y definitiva ratificó su inocencia, confirmando que jamás cometió los hechos denunciados. Por este motivo, reiteró que es incorrecto afirmar que fue “condenado”, subrayando que las motivaciones detrás de aquel proceso fueron eminentemente políticas y persecutorias, y que la publicación de EXPRESO incurre en un error grave al presentarle como un exmandatario sentenciado penalmente por corrupción.
