La proximidad de las elecciones intermedias de 2026 ha puesto nuevamente bajo la lupa las acciones del presidente Donald Trump. Tras los eventos de 2020 y las manifestaciones del 6 de enero de 2021, han surgido señales que sugieren un posible intento de interferencia en los comicios venideros, con consecuencias que podrían ser graves para la integridad del proceso electoral.
Uno de los puntos más críticos ha sido revelado por una exclusiva de CNN, la cual indica que el Departamento de Seguridad Nacional está intensificando las investigaciones sobre un supuesto fraude electoral en diversos estados. Lo que resulta inusual en este proceso no es solo la investigación en sí, sino la entidad encargada de ejecutarla: una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), específicamente la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional. Esta división se especializa habitualmente en delitos graves como el tráfico de drogas y la trata de personas, no en la supervisión de procesos electorales.
Más preocupante aún es la temporalidad de estas acciones. Con las elecciones de 2026 a poco más de dos meses de distancia, el Gobierno federal está rompiendo la norma habitual de evitar investigaciones públicas tan cercanas a la fecha de votación, ya que acusaciones no verificadas pueden influir directamente en la opinión de los votantes y en el resultado de los comicios.
A lo largo de la última década, Donald Trump ha intentado demostrar la existencia de un fraude generalizado sin éxito. Desde la creación de una comisión que terminó disolviéndose hasta el pago a personas para buscar pruebas tras 2020, los resultados han sido nulos. Sin embargo, recientemente el Gobierno ha difundido afirmaciones falsas, como que 250.000 no ciudadanos estaban registrados para votar en cuatro estados. Asimismo, la Oficina del Censo de Estados Unidos publicó un informe sin firma que alegaba que decenas de miles de no ciudadanos votaron en 2020, datos que han sido rechazados categóricamente por expertos.
Paralelamente, ha surgido la advertencia de un denunciante federal sobre el nuevo sistema de verificación de boletas por correo implementado por el Gobierno. Según el informe divulgado por el senador Richard Blumenthal, el sistema ha sido calificado por los trabajadores como un "desastre de mida". El problema técnico radica en que, si un solo escaneo de sobre en un lote grande presenta una discrepancia con la información del sistema, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) detendría la entrega de todo el lote hasta resolver el error. Dado que el voto por correo es una modalidad utilizada predominantemente por los demócratas, cualquier falla masiva en este sistema podría perjudicar desproporcionadamente a dicho partido.
La estrategia del Ejecutivo parece avanzar en varias direcciones. En marzo, Trump firmó un decreto que otorgó al Servicio Postal un papel sin precedentes en la revisión de las boletas. Para junio, se informó que el Gobierno planeaba amenazar con no entregar boletas en aquellos estados que se negaran a entregar sus listas de votantes al Gobierno federal, una medida que incluso algunos estados republicanos han resistido.
Además, en un discurso reciente, el presidente invocó la seguridad nacional al exagerar supuestos esfuerzos de China en el proceso electoral. Esta narrativa es clave, ya que los tribunales suelen otorgar mayor margen de maniobra a los presidentes cuando se alega una emergencia de seguridad nacional. Trump ha dejado abierta la posibilidad de declarar una emergencia de este tipo para implementar cambios en la votación, como la limitación del voto por correo, que el Congreso republicano no ha logrado aprobar legalmente.
La tensión ha llegado incluso a las filas del propio partido. El gobernador republicano de Wyoming, Mark Gordon, denunció el comportamiento "agresivo" de los supervisores electorales del Departamento de Justicia durante las primarias de su estado, solicitando una investigación y expresando su rechazo a que el Gobierno federal intervenga en la gestión de los votos locales.
Aunque es posible que algunas de estas medidas sean frenadas por los tribunales o resulten ineficaces por una ejecución torpe, la acumulación de estos eventos plantea escenarios preocupantes. Con el Partido Republicano enfrentando una elección difícil que podría resultar en la pérdida de una de las cámaras del Congreso, la posibilidad de una intervención federal más profunda sigue siendo un riesgo latente para las elecciones de este otoño.
