El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha lanzado una dura crítica al Gobierno de España en relación con la gestión de la reciente crisis migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta, ocurrida los días 30 y 31 de julio. En una entrevista concedida al programa "Las Mañanas" de RNE, el dirigente popular ha calificado la postura del Ejecutivo hacia Marruecos como la de un "elefante blanco" en la habitación, sugiriendo que el Gobierno evita señalar deliberadamente la responsabilidad del país vecino en la llegada masiva de migrantes.
Sémper ha cuestionado la falta de autocrítica por parte del Ejecutivo y se ha preguntado los motivos detrás de los "paños calientes" que el Gobierno aplica en su relación con el país fronterizo. Según el vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, es "verdaderamente notable" que no se escuche ninguna reflexión interna sobre la gestión de estos eventos, lo que, a su juicio, evidencia una crisis de coordinación, credibilidad, seguridad y gestión.
Uno de los puntos más controvertidos de la intervención de Sémper ha sido la capacidad de control del territorio marroquí. El portavoz ha advertido que "no se mueve un lápiz sin que la dictadura marroquí lo sepa", argumentando que es imposible que un volumen de migrantes tan elevado —que oscila entre los 72.000 según el Ejecutivo y los 80.000 según el PP— se desplace hacia la frontera sin el conocimiento del Gobierno marroquí. En este sentido, Sémper ha recriminado al presidente Pedro Sánchez el hecho de exculpar con rotundidad a Marruecos, mientras que, simultáneamente, señala a Israel, Rusia y a una "internacional ultraderechista" como responsables de la entrada masiva de personas.
Paralelamente, el portavoz del Partido Popular ha manifestado su malestar por el tono utilizado por Pedro Sánchez al referirse al rey en una entrevista reciente con la cadena SER. Sémper ha criticado que el presidente del Gobierno resaltara que en los últimos 20 años no se había producido ninguna visita de la monarquía a Ceuta, calificando de llamativa la "prevención" mencionada por Sánchez para que el monarca acuda a la ciudad autónoma.
El dirigente popular ha insistido en la necesidad de preservar la figura de la monarquía, asegurando que diversas instituciones han sido "comprometidas y manoseadas". Sémper ha recordado que, en el marco de una monarquía parlamentaria, la agenda de la Casa Real se decide de común acuerdo con la Moncloa y el Gobierno, por lo que ha solicitado que el Ejecutivo se refiera al rey en otros términos, preferiblemente "salvo para hablar bien". Respecto a la visita del rey a Ceuta, Sémper ha expresado que le gustaría que se hubiera producido ya, aunque espera que suceda "en breve", subrayando que la agenda institucional debe responder únicamente a los intereses nacionales y no a intereses externos.
Finalmente, Borja Sémper ha abordado la estrategia respecto a los menores no acompañados que permanecen en Ceuta. El PP ha rechazado la idea de un "reparto" de menores entre las comunidades autónomas, abogando en su lugar por el "retorno" al país de origen. Sémper ha argumentado que, dado que tanto la Unión Europea como el propio Gobierno español definen a Marruecos como un "país seguro" y un socio "fiable" —recordando además la organización conjunta del Mundial de Fútbol—, lo razonable es que quienes han entrado de forma irregular regresen a su país.
El portavoz ha subrayado que, aunque debe primar una "acogida humanitaria" y un "cuidado y rigor exquisito", el objetivo final debe ser que los menores reciban la atención de los servicios sociales marroquíes y de sus familias. Sémper ha sido tajante al afirmar que "la política social de Marruecos la debe hacer Marruecos" y que, en caso de no localizarse a las familias, el Gobierno marroquí debe hacerse cargo de ellos. Para justificar esta postura, ha señalado que los servicios sociales en las comunidades autónomas españolas están "saturados", citando como ejemplo al País Vasco, donde el Ejecutivo formado por el PNV y el PSE-PSOE se ha negado a acoger más menores. El portavoz concluyó lamentando la falta de coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno, señalando que, un mes después, aún no se conoce con precisión el número de menores afectados.
