El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, manifestó públicamente su desconocimiento sobre las razones por las cuales la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) decidió restringir el acceso público a información sobre concesiones portuarias y diversos procesos administrativos del sector marítimo hasta el año 2036. A través de una publicación en la plataforma X, el mandatario solicitó respetuosamente a la entidad que reconsiderara dicha medida.
La controversia surge a raíz de la resolución No. 12 de 2026, publicada en la Gaceta Oficial el pasado viernes 28 de agosto. Aunque la resolución se hizo pública recientemente, fue adoptada cinco meses atrás por la junta directiva de la AMP. Dicha junta es presidida por la abogada y viceministra del Ministerio de la Presidencia, Virna Luque Ferro, quien mantiene un estrecho vínculo profesional y personal con el presidente Mulino. Luque Ferro fue secretaria general del Ministerio de Seguridad Pública entre 2009 y 2014, periodo en el que Mulino dirigió dicha cartera, y posteriormente se desempeñó como directora de Aduanas.
La resolución, que lleva las firmas de Luque Ferro y del administrador de la AMP, Luis Roquebert, ha generado fuertes críticas en la Asamblea Nacional. La diputada Alexandra Brenes cuestionó la supuesta falta de comunicación entre el Ejecutivo y la AMP, señalando la firma de la viceministra de la Presidencia en el documento y solicitando la remoción de Roquebert de su cargo. Esta postura fue respaldada por la diputada Janine Prado. Por su parte, la Secretaría de Comunicación del Estado indicó que la viceministra Luque tomó nota de la situación y que se realizarán las acciones correspondientes para garantizar la transparencia.
Este episodio ocurre en un momento crítico para la infraestructura portuaria del país. Actualmente, la AMP se encuentra en la búsqueda de operadores para tres terminales clave: Balboa, Cristóbal e Isla Margarita. Además, el mapa portuario nacional se encuentra en proceso de redefinición tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional el contrato ley de Panama Ports Company (PPC), expulsando a la firma de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Para gestionar este proceso, el Ejecutivo designó a Alberto Alemán Zubieta, exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y asesor especializado en desarrollo marítimo y logístico, como líder de un equipo técnico multidisciplinario encargado de conducir la transición. El objetivo es evitar improvisaciones en un proceso calificado como estratégico por el mandatario.
El entorno del presidente Mulino presenta diversas conexiones con el sector marítimo. El propio mandatario posee una maestría de la Universidad de Tulane y fue socio fundador del bufete Fábrega, Molino y Mulino. Esta especialidad se extiende a su familia; su hijo, José Raúl Mulino Cohen, es socio fundador de la firma Mulino & Mulino, especializada en derecho marítimo, naviero y de almirantazgo, donde también labora su hija Verónica.
Asimismo, Aníbal Galindo, socio fundador del bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y asesor del presidente, ha sido vinculado al sector. Alcogal representa a APM Terminals Panamá, filial de Maersk, empresa que recibió un contrato temporal de 18 meses para administrar el puerto de Balboa. Galindo aseguró a La Prensa que se ha apartado del despacho de su firma desde su designación como asesor y que no participa en directivas ni temas legales de Alcogal, negando cualquier conflicto de interés o encargo presidencial relacionado con la resolución de la AMP.
Otro vínculo relevante es Roberto Brenes, asesor económico del presidente y expresidente de Apede, quien fue designado por Mulino en la junta directiva de PPC mediante decreto ejecutivo en julio de 2024.
Tras la anulación del contrato de PPC, el Consejo de Gabinete oficializó contratos temporales de 18 meses con APM Terminals para Balboa y con Terminal Investment Limited (TiL), brazo de MSC, para Cristóbal. Mientras tanto, PPC ha iniciado un arbitraje internacional reclamando una indemnización superior a los 1,500 millones de dólares.
Hacia el futuro, el gobierno ha anunciado que Balboa y Cristóbal saldrán a concurso por separado al finalizar la transición. El puerto de Isla Margarita se licitará antes de cerrar 2026, sumándose a los proyectos de Corozal y Telfers impulsados por la ACP. En este contexto de reestructuración, la decisión de la AMP de restringir por una década el acceso a información contractual, técnica y comercial ha puesto bajo la lupa la transparencia de los procesos de concesión.
