La industria de la construcción en Argentina se encuentra en una encrucijada donde convergen la incertidumbre climática y las presiones del modelo económico implementado por la administración de Javier Milei. El pronóstico de la llegada de una temporada de fuertes lluvias, fenómeno conocido como "El Niño" o "Súper Niño" debido a su marcada intensidad, ha comenzado a generar inquietud en diversos sectores productivos. Si bien el campo, principal generador de divisas del país, es el primer afectado, los directivos del sector construcción también ven con preocupación este escenario.
La naturaleza de la actividad constructiva, que se desarrolla mayoritariamente al aire libre, la hace extremadamente vulnerable a las condiciones meteorológicas. Las lluvias intensas obligan a la paralización de las obras por cuestiones estrictas de seguridad, lo que puede derivar en un impacto negativo directo en los balances financieros de las empresas si se suceden varios días consecutivos sin posibilidad de trabajo.
Dentro de este panorama, el consultor Roberto Lino Blanco ha señalado un punto crítico relacionado con la logística energética. Específicamente, advirtió sobre el riesgo que representan las fuertes lluvias para el traslado de arena necesaria para la fractura hidráulica en los campos petroleros de Vaca Muerta. Este insumo debe ser transportado desde la provincia de Entre Ríos hasta Neuquén, un trayecto extenso que podría verse comprometido por el deterioro climático.
A pesar de estas advertencias, el temor al fenómeno de "El Niño" se mantiene, por el momento, como un comentario en voz baja dentro de la industria. No ha llegado a formar parte de la agenda formal de las empresas ni ha sido objeto de discusión en la cámara sectorial. Actualmente, la atención de los empresarios se centra en otras prioridades, como las tareas derivadas de las concesiones de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, cuyos contratos se terminaron de firmar durante esta semana, además de los proyectos energéticos y las expectativas de crecimiento vinculadas a la minería.
En un intento por reactivar el sector, este miércoles se produjo el anuncio oficial de un impulso a los créditos hipotecarios, elemento que es visto como el motor fundamental que podría reactivar definitivamente la actividad de la construcción en el corto plazo.
Desde la perspectiva estadística, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) revelan que, durante el primer semestre del año, la actividad de la construcción registró un crecimiento del 2,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Si bien esta cifra sitúa al sector por encima de los niveles más críticos vividos durante la pandemia y el inicio del ajuste económico de Milei, el crecimiento se mantiene significativamente por debajo de la dinámica que el sector había mantenido durante los últimos 15 años.
Las expectativas a futuro muestran un escenario de cautela. El 71,1% de las empresas dedicadas principalmente a obras privadas prevé que el nivel de actividad no sufrirá cambios durante este trimestre. En contraste, un 16,8% estima que la actividad disminuirá y solo un 12,1% cree que aumentará. En el segmento de la obra pública, la tendencia es similar: el 52,8% opina que el nivel de actividad se mantendrá sin cambios, mientras que un 29,2% prevé una disminución y un 18,0% anticipa un incremento.
El sector del cemento también refleja estas dificultades. Los despachos de cemento en julio mostraron una caída interanual del 8,2% y acumulan una baja del 3,6% en lo que va del año. No obstante, compañías como Loma Negra, Holcim, PCR y Cementos Avellaneda han manifestado su confianza en que la actividad dará un giro durante el segundo semestre, proyectando terminar el año en niveles estables.
Finalmente, el escenario se complejiza con los datos aportados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Según este organismo, el gasto público en Vialidad presenta una caída real del 80% en comparación con 2023, situándose en los niveles más bajos de los últimos 30 años. Para el año 2026, se han presupuestado unos 563.000 millones de pesos. Esta falta de inversión se traduce en un deterioro tangible de la infraestructura, ya que más de la mitad de las rutas nacionales se encuentran actualmente en estado "regular" o "mal".
