Este 1 de septiembre, coincidiendo con el inicio del nuevo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará su segundo informe de Gobierno. A través de este ejercicio, la mandataria dará cuenta, conforme a lo establecido en la Constitución, sobre el estado que guarda la República y los resultados de los últimos doce meses de su gestión al frente del Poder Ejecutivo Federal.
La agenda oficial contempla un acto protocolario en la Cámara de Diputados, donde la secretaria de Gobernación hará entrega del documento correspondiente. Posteriormente, la doctora Sheinbaum emitirá un mensaje político a las 11 de la mañana desde Palacio Nacional. Sin embargo, el evento no concluirá con la ceremonia formal, ya que está prevista una gira de varias semanas por las 32 entidades federativas para realizar "informes estatales", culminando el mes de septiembre con un mitin masivo en el Zócalo capitalino.
Esta estrategia, que ya se anticipa mediante spots publicitarios en radio, televisión y redes sociales, sugiere la instauración de un "mes de la presidenta". Mediante el uso de recursos públicos y tiempos oficiales en medios, el gobierno busca promover una narrativa de optimismo y éxito, centrada en el mensaje de que "México va muy bien". Esta acción se percibe como un esfuerzo deliberado por revertir la tendencia a la baja en las encuestas de aprobación de la presidenta, las cuales han registrado caídas constantes de aproximadamente 2.5 puntos mensuales.
Además de la imagen personal, la gira y el despliegue propagandístico buscan mitigar el impacto de diversos escándalos de corrupción que afectan a la llamada Cuarta Transformación. Entre los casos mencionados se encuentran las señalamientos contra personajes como los López Beltrán, los Adanes, los Rocha Moya, las Marinas y Maras, así como el fraude del huachicol fiscal y las presiones de Estados Unidos respecto a la narcopolítica y el terrorismo de los cárteles en México.
El discurso oficial, resumido en declaraciones recientes de la presidenta donde afirma que "México va mejor" y que existe optimismo respecto a la economía, la calidad de vida y la reducción de la violencia, choca frontalmente con diversos diagnósticos sectoriales. Un ejemplo es la encuesta Data Coparmex, donde 8 de cada 10 empresarios manifiestan que no es un buen momento para la inversión debido a la incertidumbre económica, jurídica, política y de seguridad.
En materia de seguridad, mientras la propaganda gubernamental promociona una reducción del 51% en los homicidios dolosos, persiste la documentación diaria de ejecuciones y desapariciones. La guerra intestina del Cártel en Sinaloa y el incremento de extorsiones y cobro de piso en estados como Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Tabasco, Baja California y Quintana Roo contradicen la narrativa de éxito de la estrategia nacional.
En el rubro educativo, aunque el gobierno destaca el reparto de becas y la creación de universidades, críticos señalan que la educación pública pierde calidad y carece de insumos básicos y tecnologías como la inteligencia artificial. En salud, el discurso de inversiones en clínicas contrasta con el desabasto de medicamentos y la falta de camas en el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, obligando a los ciudadanos a recurrir a farmacias privadas.
Asimismo, se cuestiona el gasto en obras de infraestructura. El Tren Maya es señalado por la falta de pasajeros y daños ambientales; la Mexicana de Aviación por sus pérdidas económicas y reducción de vuelos; y la Refinería de Dos Bocas por operar apenas al 41% de su capacidad, sumado a accidentes y fallas constantes.
En otros ámbitos políticos, se destaca la llegada de Higinio Martínez a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado, movimiento operado por el grupo de Ricardo Monreal e Ignacio Mier tras la salida de Laura Itzel Castillo hacia la Secretaría de la Mujer. Este nombramiento es visto como una reivindicación para Martínez tras conflictos previos en el Estado de México.
Por otro lado, existe incertidumbre sobre la aplicación obligatoria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), previsto para entrar en vigor en siete meses. La mayoría de los estados presentan retrasos en la homologación de leyes e infraestructura, a excepción de Oaxaca, donde el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza ha impulsado la socialización del Código pese a la falta de recursos.
Finalmente, Morena prepara el anuncio de sus coordinadores para la defensa de la 4T (aspirantes a gobernadores). En Nuevo León, se prevé el surgimiento del senador Waldo Fernández, mientras que en Chihuahua se menciona al alcalde Cruz Pérez Cuéllar, lo que podría generar tensiones con la senadora Andrea Chávez y Adán Augusto López. En Quintana Roo, la disputa se mantiene entre Rafael Marín Mollinedo y Eugenio Segura, en un proceso marcado por fuertes confrontaciones internas.
