El Ejército de Nicaragua llega a un punto de definición. Una nueva iniciativa bipartidista en el Senado de los Estados Unidos pone a la cúpula militar ante una encrucijada: seguir atada al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo o proteger su institucionalidad y el futuro de sus tropas y familias.
Los senadores Ted Cruz y Tim Kaine presentaron el proyecto S. 5369, que busca reautorizar y ampliar las sanciones de la Ley NICA de 2018. El punto clave es la inclusión de los funcionarios del Instituto de Previsión Social Militar, el IPSM, como objetivos de sanción.
El IPSM no es solo un sistema de prestaciones; es un componente estratégico de los intereses económicos de la cúpula militar y el sustento del retiro de sus oficiales. Al amenazar este sistema, Washington envía un mensaje claro: la lealtad al régimen puede dejar de ser un refugio para convertirse en una carga económica y legal.
Además, la iniciativa abre la puerta a sanciones contra el sector del oro y otras estructuras económicas. Para evitar estas medidas, se exige una solución política que incluya elecciones libres, el cese de la violencia contra civiles, la investigación de asesinatos de manifestantes y el fin de la persecución religiosa y política.
Ante este escenario, el Ejército tiene dos caminos. El primero es contribuir a una transición pacífica que incluya reformas policiales e independencia judicial, preservando la institución y garantizando el futuro de quienes no hayan cometido delitos. La segunda opción es permanecer junto a un poder aislado y asumir la pérdida de privilegios y patrimonio cuando la cúpula caiga.
La disyuntiva es salvar la institución o hundirse con el régimen. Mientras la cúpula mantiene derroches, los soldados de a pie enfrentan salarios miserables. El Ejército ya no puede seguir siendo rehén de una camarilla.
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