En una operación meticulosamente planificada, una organización criminal utilizó tácticas de "comando" para secuestrar al empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, en la ciudad de Trujillo. El hecho ocurrió la madrugada del 30 de agosto, coincidiendo con la festividad de Santa Rosa de Lima y la conmemoración del Día de la Policía Nacional del Perú (PNP). Durante la acción, los delincuentes acribillaron a cuatro personas que acompañaban al empresario.
Los perpetradores actuaron a cara descubierta y fingieron ser miembros del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), una unidad de élite de la PNP especializada en el combate a la extorsión, el sicariato y los secuestros. Según reveló un oficial de la Dirección de Investigación Criminal, que mantuvo el anonimato, el secuestro fue planificado durante al menos tres meses. La elección de suplantar al grupo Grecco respondió a tres objetivos estratégicos: primero, anular cualquier defensa de las víctimas, quienes, al observar insignias y placas oficiales, bajan la guardia creyendo que se trata de una intervención legítima. Segundo, paralizar a posibles testigos, tanto civiles como policiales, ya que una operación táctica falsa no genera la alerta inmediata que provocaría un asalto común. Tercero, blindar su ruta de escape, permitiéndoles desplazarse sin levantar sospechas ante patrulleros o controles policiales.
La precisión con la que los criminales replicaron los códigos de una unidad tan especializada ha encendido las alarmas dentro de la institución policial. La Inspectoría General de la PNP ha activado un plan de contrainteligencia para determinar si hubo complicidad interna o filtración de información. Por su parte, el general Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial La Libertad, informó que los sujetos se deshicieron de las prendas utilizadas en el crimen y que un equipo especializado de la División de Secuestros fue trasladado desde Lima para apoyar las labores de rescate.
El general Espinoza subrayó que este no fue un hecho ocasional, sino un plan estructurado. Indicó que, mediante acciones de inteligencia, la policía ya sabía desde hace tres meses que se produciría un secuestro, motivo por el cual se advirtió a empresarios y comerciantes de la zona para que tomaran precauciones; sin embargo, sugirió que algunos pudieron haber caído en un exceso de confianza.
Este crimen se suma a una ola de violencia que ha sumido a Trujillo en el terror. El pasado 8 de agosto, cuatro trabajadores de construcción civil —Alejandro Calva Carrión, Anthony Domínguez Gálvez, Leivis Gálvez García y César Sandoval Ramos— fueron asesinados. Posteriormente, el 30 de agosto, murieron Farad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Rojas Ramos y Christopher García Álvarez, quienes acompañaban a Lara Tantaquilla, dedicado a la compra y venta de mineral y oriundo de Pataz. Además, el suboficial PNP Diego Manuel Vela Rodríguez fue asesinado en la ciudad; su cuerpo fue hallado en la vía pública con múltiples heridas de bala y un traumatismo encéfalo craneano severo, presuntamente tras ser atacado en su propio domicilio.
Las investigaciones conducidas por el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, apuntan a la organización "Los Pulpos". Específicamente, se señala a familiares de Jhonsson Smith Cruz Arce ("Jhonsson Pulpo") como los autores intelectuales. Entre los sospechosos se encuentran Nilton Cruz Arce (tío), Keysi Salvatierra Vigo (pareja aparente) y Katty Cruz Arce (tía), quienes se encuentran recluidos en penales de Puno y Chiclayo. Aunque existen rumores sobre un pedido de rescate de 3 millones de dólares, ni la familia ni la policía han confirmado oficialmente esta cifra.
En paralelo, se ha revelado que el empresario secuestrado, Jenss Marty Lara Tantaquilla, era sujeto de investigaciones policiales. Desde el año 2020, se le vinculó con un presunto delito de lavado de activos proveniente del comercio de oro ilegal a través de la empresa Matwork. Asimismo, figuraba en el Consorcio Minero JyJ E.I.R.L., firma con sede en Tarma cuya baja definitiva del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ocurrió el 29 de abril de 2024.
Ante la gravedad de los hechos, el Gobierno ha exigido resultados inmediatos. El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, se reunió con el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y la gobernadora de La Libertad, Joana Cabrera, para coordinar el apoyo de las Fuerzas Armadas y la implementación de un perímetro de seguridad en el exterior del penal El Milagro. Mientras tanto, el diputado Harvey Colchado ha criticado duramente al Ejecutivo y ha solicitado la renuncia del general Arriola, argumentando que el Gobierno no ha resuelto las responsabilidades institucionales ni ha modificado la Ley 31570 sobre el mandato del comandante general. Finalmente, el general Ricardo Espinoza confirmó que ya existen personas capturadas en relación con el cuádruple crimen y el secuestro.
