¿Puede Venezuela reconstruir su sistema judicial sin repetir los errores del pasado? La posible conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia se perfila como uno de los primeros retos de la transición venezolana, tras el acuerdo alcanzado el 12 de agosto de 2026 entre el régimen y la Asamblea Nacional de 2015, con acompañamiento de Estados Unidos.
Sin embargo, la organización Conciencia es Dignidad advierte que cambiar los nombres de los magistrados no será suficiente. Para evitar la opacidad y la injerencia política, la ONG sostiene que el proceso debe basarse en reglas claras y no en improvisaciones.
El plan prevé reformar la Ley Orgánica del TSJ y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales a 23 miembros: 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil. A pesar de esto, surgen dudas sobre la legitimidad de la Asamblea Nacional 2025 para aprobar estas reformas y el riesgo de crear un círculo vicioso donde el mismo bloque político valide los cambios.
Otro punto crítico es la duración de los cargos. Mientras la Constitución establece periodos de doce años, la transición podría requerir nombramientos provisionales de dos o tres años para avanzar hacia instituciones autónomas.
En cuanto a los aspirantes, los requisitos son estrictos: nacionalidad venezolana, honorabilidad y quince años de trayectoria como abogado, profesor titular universitario o juez superior. Conciencia es Dignidad enfatiza que una renuncia formal a un partido no borra los vínculos políticos previos y alerta sobre la validación de títulos sin el rigor académico suficiente.
El objetivo final es garantizar que la selección de magistrados responda a criterios objetivos y verificables, evitando que la búsqueda de independencia judicial se convierta en una herramienta discrecional para excluir candidatos.
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