La trayectoria de Pedro José Agrelo, nacido en Buenos Aires el 28 de junio de 1776 y fallecido en Montevideo el 23 de julio de 1846, representa un recorrido complejo por los pasajes más turbulentos de la formación del Estado en el Río de la Plata. Formado en el Colegio San Carlos y graduado en Derecho en 1803 por la Universidad de Chuquisaca, Agrelo inició su carrera pública como juez real y subdelegado de la provincia de Tupiza en el Alto Perú, cargo que mantuvo hasta 1809, año en que decidió retornar a su ciudad natal.
Su incursión en la esfera pública se intensificó en 1811, cuando fue designado redactor de “La Gazeta de Buenos Ayres”. Aunque su paso por este periódico fue breve, marcó el inicio de una activa vida periodística que más tarde lo llevaría a fundar otros dos medios: El Independiente y El Abogado Nacional. Paralelamente, su integración en la Sociedad Patriótica y su posterior adhesión a la Logia Lautaro lo posicionaron en los círculos políticos más influyentes, especialmente aquellos cercanos a Carlos de Alvear, llegando a ser nombrado “secretario del norte” de la Logia.
Uno de los momentos más determinantes de su carrera ocurrió en 1812, al ser nombrado fiscal de Cámara. En este cargo, Agrelo se destacó por la substanciación del proceso contra los participantes de la conspiración de Martín de Álzaga, proporcionando la base legal necesaria para su ejecución. Esta etapa reveló la naturaleza enérgica del jurista, quien, según describen historiadores como Ariel Eiris, se caracterizaba por ser práctico y sistemático en los asuntos jurídicos, aunque sus contemporáneos calificaban su carácter como “irascible y agresivo” al expresar sus ideas.
En 1813, Agrelo integró y presidió la Asamblea, donde se consolidó como uno de los defensores más vehementes de la independencia y el ideal republicano. Durante su presidencia, fue autor de un proyecto de Constitución y del decreto que estableció la primera acuñación de moneda de oro y plata con el Escudo Nacional. Asimismo, impulsó una moción para abolir la Inquisición, alineándose con una postura antiespañola y admiradora de la Revolución Francesa, compartiendo este fervor con figuras como Monteagudo.
Sin embargo, la inestabilidad política del periodo lo llevó a enfrentar diversos destierros. En 1817, tras manifestarse en contra del director supremo Pueyrredón, se exilió en Estados Unidos. A su regreso, persistió en sus críticas, lo que derivó en su confinamiento en la isla Martín García. Más tarde, en 1820, fue asesor del gobernador Martín Rodríguez, aunque la relación terminó en un enfrentamiento abierto.
Su paso por la Banda Oriental y Entre Ríos estuvo marcado por episodios singulares. Tras una intentona fallida contra el gobierno de Rodríguez en Buenos Aires, Agrelo se trasladó a Concepción del Uruguay para colaborar con su amigo Lucio Mansilla. El 24 de octubre de 1821, Agrelo fue víctima de un ataque feroz por parte de un hombre en las calles de la villa, un hecho que conmocionó a los habitantes. A pesar de la agresión, cuarenta y seis días después, asumió como secretario del Primer Congreso Entrerriano. Aunque algunos autores lo señalan como el redactor del Estatuto Provisorio Constitucional de la provincia de 1822, el historiador Oscar Fernando Urquiza Almandoz sostiene que el proyecto fue obra de Casiano Calderón.
En el ámbito masónico, Agrelo fue un impulsor fundamental, fundando junto a Manuel Moreno una logia en Buenos Aires en 1821, y participando en la creación de la Logia Jorge Washington en Concepción del Uruguay en 1822, así como en la organización de una logia en Paraná.
Su faceta académica alcanzó un hito en 1823, cuando fue designado el primer profesor de Economía Política en la recién creada Universidad de Buenos Aires, utilizando los “Elementos de Economía Política” de James Mill como texto base. En 1825, asumió la cátedra de Derecho Natural y de Gentes.
Hacia el final de su carrera, Agrelo fue nombrado fiscal general en 1829, cargo que ejerció hasta 1834, momento en que fue destituido por Rosas. Sus ideas secularistas sobre la autoridad religiosa, sistematizadas en el "Memorial Ajustado", le valieron el apodo de “Campomanes Argentino” y la hostilidad de los sectores eclesiásticos. Finalmente, sus diferencias con el gobierno rosista lo obligaron a exiliarse definitivamente en Montevideo, donde ejerció la abogacía hasta su muerte.
