¿Es posible garantizar que los impuestos de una gran inversión no cambien durante dos décadas? Chile busca lograrlo con el nuevo estatuto de invariabilidad tributaria, una pieza central de la reciente reforma económica que entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
Este esquema ofrece plazos de estabilidad según el monto invertido: 10 años para inversiones desde 50 millones de dólares; 15 años para aquellas entre 100 y 350 millones; y hasta 20 años para proyectos iguales o superiores a los 350 millones de dólares. El beneficio incluye la mantención del régimen de IVA y aranceles para bienes de capital, además de una protección reforzada sobre el Royalty Minero. A cambio, los inversionistas deberán pagar una prima adicional de 1,5 puntos del Impuesto de Primera Categoría.
Sin embargo, el camino no está libre de obstáculos. El Tribunal Constitucional eliminó la frase "entre otros" de la ley, lo que limita el acceso al régimen solo a los sectores expresamente enumerados, como minería, energía, infraestructura y telecomunicaciones. Sectores como la agricultura, la banca o el retail han quedado fuera, lo que obligará al Ministerio de Hacienda a realizar ajustes legales para ampliar la cobertura a otras áreas de interés nacional.
Para acceder a estos beneficios, los inversionistas deberán acreditar el origen lícito de sus fondos, demostrar capacidad financiera y someter sus estados financieros a auditorías externas reportadas a la CMF.
Expertos advierten que la efectividad de esta medida dependerá de la solidez de los reglamentos que dicten Hacienda, el Servicio de Impuestos Internos y la CMF. Si persisten las dudas sobre la aplicación de la carga tributaria efectiva, se corre el riesgo de que las grandes inversiones no valoren el incentivo, afectando el objetivo de estimular el crecimiento económico del país.
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