En una reciente rueda de prensa, la economista Maribel Gordón, quien se desempeña como presidenta de una organización política que agrupa a diversos sectores populares y de izquierda, presentó una serie de denuncias relacionadas con el manejo de los recursos públicos en Panamá. Durante su intervención, la dirigente señaló que existen múltiples casos que, bajo su criterio, evidencian una gestión irregular de los fondos estatales, poniendo especial énfasis en los procesos de adquisición de equipos tecnológicos.
Uno de los puntos centrales de su exposición fue la compra de computadoras portátiles realizada por el Ministerio de Educación. Gordón, quien también es catedrática, manifestó su preocupación y cuestionó el hecho de que, a pesar de los diversos señalamientos que han surgido en torno a estos procesos de compra, hasta el momento no se hayan determinado responsabilidades administrativas ni penales. Asimismo, criticó que no se hayan aplicado sanciones contra los funcionarios que pudieran haber estado involucrados en estas irregularidades.
La economista también llamó la atención sobre un fenómeno ocurrido dentro de la misma cartera educativa: la renuncia intempestiva de diversos funcionarios. Según explicó Gordón, estas salidas se produjeron después de que los cuestionamientos sobre la adquisición de computadoras y otros asuntos relacionados salieran a la luz durante los debates sobre las partidas presupuestarias llevados a cabo en la Asamblea Nacional.
Otro eje fundamental de las declaraciones de la dirigente política fue el presunto nepotismo en diversas instituciones del Estado. Gordón citó específicamente el caso de la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz. La titular de dicha cartera incorporó a su cuñado, un funcionario proveniente del Tribunal Electoral, en calidad de asesor. De acuerdo con la propia ministra Muñoz, esta incorporación se realizó bajo la modalidad de “préstamo” de funcionario.
Además de los casos de nepotismo, Maribel Gordón abordó la relación existente entre los aportes financieros a las campañas electorales y las posteriores designaciones en cargos públicos o el establecimiento de remuneraciones elevadas dentro de la administración pública. En este sentido, mencionó que donantes vinculados al partido gobernante Realizando Metas habrían realizado aportes que alcanzaron los 20 mil dólares, obteniendo posteriormente cargos con sueldos considerables.
Como ejemplo de esta situación, aunque sin nombrarlo directamente en el primer momento, se hizo referencia a los cuestionamientos planteados por el diputado Jhonathan Vega durante la Comisión de Presupuesto. Vega señaló que el salario mensual del embajador de Panamá en Washington, José Miguel Alemán, rondaría los 46 mil dólares, cifra que ha generado fuertes críticas.
En un ámbito paralelo, el abogado Antonio Vargas brindó declaraciones a Prensa Latina confirmando que el próximo 1 de septiembre vence el plazo legal para que el Gobierno panameño entregue una respuesta ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta respuesta debe abordar señalamientos relativos al cumplimiento de convenios internacionales sobre derechos laborales y el respeto a la libertad sindical.
Vargas informó que diversas organizaciones de trabajadores también presentarán sus propios argumentos y evidencias ante el organismo internacional. Estas presentaciones se centrarán en presuntos atropellos cometidos contra dirigentes y afiliados, afectando particularmente a los trabajadores del sector de la construcción y a los docentes. El jurista expresó su escepticismo respecto a la respuesta oficial del Gobierno, argumentando que considera que el documento no reflejará de manera adecuada la realidad de las situaciones denunciadas por los trabajadores.
Finalmente, Maribel Gordón reafirmó el compromiso de su organización, el FAD, de mantener su actividad política y sindical en defensa de las demandas populares. La dirigente aseguró que, a pesar de lo que calificó como una "persecución atroz" contra las organizaciones sociales y diversos atropellos, no detendrán su labor. Gordón concluyó sosteniendo que el descontento social persiste en amplios sectores de la sociedad panameña debido al alto costo de la vida y las dificultades económicas, factores que llevan a la ciudadanía a reclamar respeto a su dignidad nacional y a sus derechos más elementales.
