La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el traspaso de la Justicia laboral nacional al ámbito local. Con esta medida, el gobierno de la ciudad dispone ahora de un plazo de 180 días para poner en funcionamiento 10 nuevos juzgados laborales, los cuales asumirán la competencia sobre las nuevas causas, reemplazando así la intervención de los juzgados nacionales del trabajo.
La sanción del proyecto se logró con una mayoría compuesta por el apoyo de Pro, La Libertad Avanza y los radicales, alcanzando un total de 36 votos a favor. En la contraparte, se registraron 2 votos negativos y 20 abstenciones, estas últimas provenientes del bloque del Partido Justicialista, el cual reporta políticamente a Juan Manuel Olmos.
Esta decisión formaliza la transferencia de la justicia laboral desde la órbita nacional hacia el fuero local, lo que representa un avance significativo en la consolidación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, un proceso previsto tras la reforma constitucional de 1994. Asimismo, el traspaso implica un cambio en la dinámica del fuero laboral nacional, el cual había operado bajo el control del peronismo y mantuvo una marcada influencia de los gremios en la designación de jueces de primera instancia y camaristas.
En cuanto a la operatividad del sistema, el fuero laboral nacional —que actualmente presenta numerosas vacantes— continuará funcionando tanto en primera instancia como en la cámara para aquellas causas que ya se encuentren en trámite. Del mismo modo, los asuntos relacionados específicamente con los gremios seguirán bajo su jurisdicción. Sin embargo, todas las nuevas demandas laborales, tales como aquellas derivadas de despidos o accidentes de trabajo, serán procesadas exclusivamente ante la nueva justicia laboral porteña.
Para concretar esta transición, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad ya había avanzado en la realización de los concursos necesarios para cubrir las vacantes de los diez nuevos juzgados y de la Cámara laboral local. No obstante, este proceso administrativo se había visto frenado previamente debido a la presentación de un recurso de amparo.
La situación legal se resolvió el pasado miércoles, cuando el juez contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico levantó la medida cautelar que suspendía el proceso. El magistrado sostuvo que no se había acreditado la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora, habilitando así la ejecución del convenio suscrito entre la Nación y la Ciudad. Esta resolución permite que el gobierno de Jorge Macri avance con una de sus aspiraciones principales en materia judicial.
El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, ha sido una pieza clave en el impulso de esta iniciativa. Tapia fue el encargado de pilotear la creación del nuevo fuero y de enviar a la Legislatura los códigos procesales que habían sido aprobados anteriormente. A través de su cuenta en la red social X, el ministro destacó que este paso busca el orden laboral en CABA, diseñando una justicia local para evitar que los conflictos laborales se vuelvan interminables para los trabajadores o representen la ruina económica para el empresariado.
Por su parte, Francisco Quintana, secretario de Justicia porteño, subrayó que la sanción legislativa es un paso hacia la autonomía plena de la Ciudad en materia judicial. Quintana enfatizó que no se trata únicamente de una transformación de carácter institucional, sino de un beneficio directo para los vecinos, quienes podrán iniciar sus juicios laborales en tribunales locales. Según el secretario, esto implicará una justicia más moderna y la implementación de plazos más cortos en comparación con los que ofrece actualmente el fuero nacional.
El marco legal de este traspaso se sustenta en el artículo 129 de la Constitución Nacional y diversas disposiciones locales que aseguran la autonomía plena de la jurisdicción porteña, apoyándose específicamente en las leyes 6789 y 6790, que habilitaron la creación formal del fuero laboral local y su régimen procesal.
El convenio, firmado en febrero de 2026 entre el Estado Nacional y la administración de la Ciudad, establece la hoja de ruta para la transición. Mientras que las causas iniciadas antes de la entrada en vigor del nuevo fuero permanecerán en la Justicia Nacional del Trabajo, las nuevas demandas se procesarán en el flamante Fuero del Trabajo de la Ciudad.
Como parte de este acuerdo, la Ciudad procederá con la designación de los primeros 21 jueces y fiscales y proveerá los recursos necesarios para su funcionamiento. En contrapartida, el Estado Nacional se ha comprometido a transferir los recursos de manera progresiva y a no cubrir nuevas vacantes en la justicia nacional para aquellas competencias que hayan sido transferidas al ámbito local.
