El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha confirmado la deportación a Venezuela de Rafael José Quero Silva, un exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El exmilitar es señalado por las autoridades estadounidenses de haber participado en graves abusos contra manifestantes durante las protestas ocurridas en el año 2013, las cuales surgieron como respuesta al gobierno de Nicolás Maduro.
La deportación de Quero Silva se hizo efectiva el pasado 18 de agosto, luego de que un juez emitiera la orden correspondiente. Según la información proporcionada por ICE, el proceso culminó tras la detención del exoficial, quien fue arrestado el 27 de febrero de 2025 en la localidad de Miramar, Florida.
De acuerdo con reportes de organizaciones no gubernamentales venezolanas y medios de comunicación locales, Rafael José Quero Silva ostentaba el rango de teniente coronel y se desempeñaba como comandante del Destacamento 47 de la GNB en Barquisimeto, estado Lara, una zona ubicada en el centro occidente de Venezuela. Fue precisamente durante su mando en dicha unidad que se habrían producido los hechos que motivaron su proceso en Estados Unidos.
Los detalles proporcionados por ICE son severos. La agencia informó que existen reportes que indican que, durante el año 2013, Quero Silva supervisó directamente la tortura de al menos 74 manifestantes pacíficos. Mientras estas personas se encontraban bajo la custodia del Destacamento 47, bajo el mando directo del ahora deportado, fueron sometidas a diversas formas de maltrato. Los informes describen el uso de descargas eléctricas, fuertes golpizas ejecutadas con bastones y botellas de agua congeladas, así como amenazas de violación y otras formas de abuso físico, psicológico y sexual.
No obstante, la defensa de Quero Silva ha rechazado categóricamente estas acusaciones. Eduardo Pereira, abogado del exmilitar en su proceso migratorio, afirmó en una entrevista con el Miami Herald que su cliente ha sostenido consistentemente que nunca persiguió a ninguna persona ni autorizó la ejecución de abusos. Pereira sostuvo que, por el contrario, cuando Quero Silva tuvo conocimiento de alguna conducta indebida, procedió a castigar a los responsables y buscó detener tales acciones. Al respecto, se ha solicitado comentarios adicionales a Pereira, pero aún se espera una respuesta.
En el marco de este caso, se han realizado diversas solicitudes de información a las autoridades venezolanas. CNN se comunicó con el Ministerio Público de Venezuela para indagar si existe actualmente alguna investigación abierta en territorio nacional sobre los señalamientos de presuntas violaciones de derechos humanos y tortura imputados a Quero Silva. Asimismo, se solicitaron comentarios al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Minci) y al Ministerio del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, aunque hasta el momento no se han recibido respuestas.
Por otro lado, la organización no gubernamental Funpaz, entidad que brinda acompañamiento a las víctimas de la represión en el estado Lara, manifestó que la deportación de Quero Silva no anula ni afecta el derecho de las víctimas a seguir buscando justicia por los hechos ocurridos.
En cuanto a su situación migratoria, ICE informó que Rafael José Quero Silva ingresó a los Estados Unidos el 20 de junio de 2016 a través del Aeropuerto Internacional de Miami. Sin embargo, la agencia señaló que el exoficial no salió del país siguiendo los términos establecidos en su admisión, lo que contribuyó a su situación legal.
La ejecución de esta deportación fue el resultado de un esfuerzo coordinado entre varias entidades. ICE Miami trabajó conjuntamente con Homeland Security Investigations, el FBI y el Centro para Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra para concretar la medida.
Para comprender el contexto de estas acusaciones, es necesario remitirse a las protestas de 2013, que estallaron tras las elecciones presidenciales del 14 de abril. Dichos comicios se realizaron poco después del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, quien había designado a Nicolás Maduro como su sucesor político. Aunque Maduro fue declarado ganador frente al candidato opositor Henrique Capriles por un margen estrecho, la oposición cuestionó los resultados y denunció irregularidades, lo que derivó en manifestaciones en diversas regiones del país.
Estas protestas poselectorales estuvieron marcadas por denuncias de abusos y detenciones arbitrarias. Human Rights Watch señaló en aquel momento que diversas organizaciones locales habían documentado casos de uso excesivo de la fuerza, torturas y violaciones del debido proceso en varios estados de Venezuela. Frente a estas denuncias, el Gobierno de Venezuela ha insistido repetidamente en que se respetan los derechos humanos y el debido proceso de todas las personas detenidas en el país.
