Una jueza federal de Boston ha emitido una orden de restricción temporal que bloquea los planes del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés), impidiendo que la entidad lleve a cabo una serie de directrices que podrían limitar significativamente el proceso de voto por correo en el país. La decisión judicial llega en un momento crítico, tras una serie de impugnaciones legales presentadas contra las políticas implementadas bajo la administración del presidente Donald Trump.
La resolución fue dictada a última hora de la noche del jueves por la jueza Indira Talwani, quien fue designada en su cargo por el presidente Barack Obama. Esta medida legal fue solicitada por un grupo de estados demócratas y diversas organizaciones de defensa de los votantes, quienes argumentaron que las nuevas directrices del Servicio Postal representaban un obstáculo indebido para el ejercicio del derecho al voto.
El núcleo de la controversia reside en lo que se ha denominado la "Regla Final". Según el análisis detallado en la decisión de la jueza Talwani, el USPS había establecido una política mediante la cual se negaba a enviar papeletas de voto por correo a los ciudadanos elegibles, a menos que se cumplieran requisitos estrictos de forma previa. Específicamente, la norma exigía que los estados o los funcionarios electorales locales presentaran tanto los sobres destinados a las papeletas de voto por correo como los sobres de devolución para obtener una aprobación previa por parte del USPS.
La jueza Talwani subrayó en su escrito que esta exigencia de aprobación previa se implementaba sin tomar en consideración los plazos inminentes para las próximas elecciones, fijadas para el 3 de noviembre de 2026. Al bloquear temporalmente esta medida, el tribunal busca evitar que la implementación de estas reglas administrativas interfiera con la capacidad de los votantes para emitir sus sufragios a través del sistema postal.
En su argumentación jurídica, la jueza indicó que existe una probabilidad considerable de que los demandantes prevalezcan en sus alegaciones legales. Talwani señaló dos puntos fundamentales: primero, que la regla impuesta es probablemente inconstitucional y, segundo, que el Servicio Postal de Estados Unidos carece de la autoridad legal necesaria para emitir una directriz de tal naturaleza.
Más allá de los argumentos constitucionales, la jueza puso un énfasis particular en las implicaciones logísticas y financieras que esta regla impondría a las administraciones estatales. En su sentencia, Talwani detalló que los estados demandantes no cuentan con el tiempo ni con los fondos económicos requeridos para adaptarse a las exigencias del USPS antes de las elecciones intermedias.
La jueza enumeró una serie de procesos complejos que los estados tendrían que ejecutar si la regla se mantuviera vigente. Estos incluyen el diseño de nuevas papeletas de voto por correo y la posterior solicitud de aprobación para dichos diseños ante el organismo postal. Asimismo, los estados deberían encargarse de la producción física de estas nuevas papeletas y de la actualización de sus propios sistemas de gestión electoral para alinearlos con los nuevos requerimientos.
Además de la infraestructura física y digital, la jueza advirtió sobre la carga operativa que supondría la capacitación de los funcionarios electorales. Estos trabajadores tendrían que aprender a utilizar un portal específico del USPS, el cual serviría para gestionar las solicitudes y cargar los datos de los ciudadanos, una tarea administrativa masiva que, según el tribunal, es inviable de realizar en los tiempos actuales.
Por el momento, la orden de restricción temporal mantiene suspendidas las directrices del USPS, permitiendo que el proceso de voto por correo continúe sin las restricciones de aprobación previa de sobres. La noticia se mantiene en desarrollo mientras se determinan los siguientes pasos legales en el litigio entre los estados demandantes y la administración.
