Una profunda disputa jurídica y financiera entre el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y la Fundación Parque La Libertad (FPLL) ha derivado en el recorte de personal y una crisis de gobernanza sobre la gestión del centro cultural y recreativo. El conflicto se centra en una distinción legal fundamental: si la fundación es una aliada estratégica del Estado o simplemente una proveedora de servicios.
Como consecuencia directa de un recorte presupuestario del 9,5% para lo que resta del año y del 13,38% proyectado para el 2027, la Fundación se vio obligada esta semana a reducir la quinta parte de su planilla, despidiendo a 15 de sus 71 funcionarios. Asimismo, la entidad tuvo que aplicar ajustes salariales a otras 30 personas para intentar mitigar el impacto financiero.
El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, ha sostenido firmemente que la relación con la fundación es la de un proveedor de servicios. El jerarca argumenta que existe una situación fiscal adversa y enfatiza que la Fundación no es propietaria del parque, sino que opera en instalaciones del ministerio. Rodríguez Vives justificó esta postura señalando que la fundación ha recibido más de 4.000 millones de colones en los últimos cinco años para ejecutar servicios solicitados por el MCJ, insistiendo en que es necesario poner "orden" en la gestión.
Sin embargo, esta versión choca frontalmente con la documentación oficial. Tanto en los sitios web del ministerio y la fundación, como en el Sistema de Información Cultural (SiCultura) y documentos de la Presidencia, la relación se define como una "Alianza Público-Privada para el Desarrollo (APPD)". Esta definición fue ratificada el pasado 17 de julio por el viceministro administrativo, Alexánder Castro Mena, quien en un oficio reconoció la necesidad de analizar las relaciones establecidas en dicha alianza para buscar un equilibrio en los compromisos y aportes.
La distinción entre ser un "proveedor" o una "APPD" no es meramente semántica, sino que acarrea implicaciones legales y organizativas profundas. Un proveedor debe someterse a procesos de licitación y concursar sus contratos bajo la Ley General de Contratación Pública, basando su relación en entregables específicos y pudiendo obtener ganancias económicas. En contraste, la FPLL opera bajo la Ley General de la Administración Pública y el Reglamento para el desarrollo, fomento y gestión de las alianzas público privadas para el desarrollo (MEIC-MIDEPLAN), funcionando como una entidad sin fines de lucro.
La Fundación, que gestiona las 32 hectáreas donadas al MCJ hace 18 años, sostiene que su labor trasciende la ejecución de proyectos ministeriales. Patricio Morera Víquez, director ejecutivo del parque, y Marcos Fernández Salazar, presidente de la junta administrativa, rechazan la etiqueta de proveedores. Morera destacó que la fundación utiliza recursos propios para pagar personal y ha logrado valorizar los activos del Ministerio de Cultura en aproximadamente un millón de dólares en los últimos años.
Entre los aportes gestionados por la fundación se encuentran la instalación de paneles solares, una planta de tratamiento, equipo de gimnasio y el Centro de Innovación en Economía Creativa. Debido a la naturaleza de la APPD, en caso de que se rompa la alianza, todas estas mejoras quedarían bajo el control del MCJ. Actualmente, el parque sirve a 120.000 usuarios anuales y ofrece servicios de educación STEAM, alfabetización digital, artes y prevención de la violencia.
La tensión ha escalado a niveles políticos. Según fuentes internas, el ministro Rodríguez Vives habría comunicado inicialmente un recorte presupuestario del 40%, lo que habría provocado el cierre técnico del parque este mes. No obstante, tras una intervención de Laura Fernández, el recorte se redujo al 10%, situación que presuntamente molestó al jerarca del ministerio.
Mientras el MCJ alega un "desorden administrativo" en la fundación, la FPLL niega tales afirmaciones. Por su parte, el Ministerio de Cultura y Juventud no ha atendido las solicitudes de entrevista de los medios, alegando problemas de agenda, y la Casa Presidencial no ha emitido una postura oficial sobre si el Gobierno considera a los socios de las APPD como simples proveedores de servicios.
