El inicio del curso escolar en Cuba, programado para el próximo 1 de septiembre, se presenta este año no como un evento de rutina académica, sino como un escenario crítico donde decenas de miles de estudiantes deberán enfrentar una realidad marcada por la precariedad material y el deterioro emocional. El regreso a las aulas ocurre en un contexto de crisis profunda que afecta las necesidades más básicas de los hogares, comprometiendo la capacidad de aprendizaje y la salud mental de los menores.
Uno de los problemas más apremiantes es la crisis energética. Los apagones prolongados, especialmente durante las horas de sueño, han impactado severamente el descanso de los niños y adolescentes. Una madre residente en el municipio de Playa, en La Habana, denunció que en su circuito no ha habido electricidad durante las noches desde hace más de tres meses. Según su testimonio, esta situación ha derivado en síntomas de estrés crónico, ansiedad e incluso caída del cabello en los menores, quienes llegan al aula con una capacidad de concentración mermada. Esta preocupación es compartida en redes sociales, donde madres como Gisselle Ordoñez cuestionan cómo lograr que sus hijos tengan la calidad de sueño necesaria para asimilar conocimientos.
A la crisis eléctrica se suma una situación económica asfixiante. La inflación y la escasez de alimentos han hecho que cubrir los requerimientos básicos sea una tarea titánica para las familias. En grupos de apoyo como "Ayuda a Madres Cubanas", los usuarios denuncian los costos prohibitivos de los útiles escolares, las mochilas y el calzado, describiendo que un par de tenis puede costar "un ojo de la cara y la mitad del otro". Además, el acceso al transporte y la dificultad para conseguir el pan para la merienda escolar agravan el panorama. En Guantánamo, el opositor y padre Miguel Ángel Herrera señaló que el desabastecimiento general es tan grave que el nuevo curso escolar ni siquiera es tema de conversación en la ciudad.
El sistema educativo enfrenta además un déficit crítico de personal docente. Para 2024, el gobierno reconoció que el país contaba con unos 156,000 maestros, pero mantenía una necesidad de aproximadamente 24,000 profesionales para completar las plantillas. Esta carencia se ha agudizado debido a la emigración masiva y al abandono de los puestos estatales por empleos mejor remunerados en el sector privado. En Camagüey, por ejemplo, solo se ha cubierto el 68.7% de las plazas docentes, lo que supone un vacío de 3,000 maestros. En Matanzas, la necesidad es de 2,111 educadores, mientras que en Holguín se recurre a la contratación de profesores por horas y estudiantes en formación para evitar que las aulas queden vacías.
La crisis alcanza también a los docentes que permanecen en el sistema. Se han reportado retrasos sistemáticos en el pago de salarios en provincias como Santiago de Cuba, Ciego de Ávila y Holguín. En Jiguaní, Granma, algunos profesores denuncian no haber cobrado desde junio, recibiendo como respuesta de las autoridades que deben "aguantar" por falta de presupuesto, a pesar de que se les exige presentarse a planificar clases sin contar siquiera con libretas o lápices.
Desde una perspectiva financiera, el Observatorio de Libertad Académica (OLA) ha advertido sobre la reducción de los recursos destinados al sector. Mientras que en la década de los 90 Cuba destinaba entre el 6.2% y el 9.6% de su Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, en 2024 esa cifra descendió al 4.3%. Más alarmante aún es que, de las inversiones ejecutadas por el Estado, la educación recibió solo el 1% en 2024, en un momento donde se mantienen altas inversiones en infraestructura turística y hotelera.
Finalmente, el deterioro físico de las instalaciones escolares completa un panorama desolador. Años de falta de mantenimiento han dejado escuelas con mobiliario deficiente y problemas de saneamiento, a menudo rodeadas de acumulaciones de desechos. Para los estudiantes cubanos, el 1 de septiembre no representa solo el inicio de un ciclo lectivo, sino el comienzo de una nueva prueba de resistencia frente a un sistema educativo que, según los testimonios y datos analizados, se encuentra en una fase crítica de degradación.
