Apenas ocho días después de que comenzara el juicio en su contra, el gigante tecnológico Meta ha llegado a un acuerdo para poner fin al proceso legal mediante el pago de 17.000 millones de dólares y la implementación de una serie de cambios estructurales en las cuentas de usuarios menores de 18 años en sus plataformas Instagram y Facebook. De ser ratificado el pacto por la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, la compañía podrá evitar admitir cualquier tipo de infracción legal.
El monto acordado se sitúa como una de las sanciones más elevadas obtenidas contra una empresa tecnológica en el ámbito de la protección al consumidor. No obstante, la cifra representa poco más de un mes de los ingresos de Meta, que registró una facturación de 201.000 millones de dólares en 2025. Este importe final se encuentra significativamente por debajo de las pretensiones iniciales de los estados, que habían sugerido una cifra de 200.000 millones de dólares, similar al acuerdo alcanzado por las tabacaleras en 1998. Incluso Meta había contemplado en julio un techo teórico de 1,4 billones de dólares.
La estructura del pago es mixta. El 70% del importe total será abonado de forma incondicional a través de cuotas anuales que se extenderán hasta el año 2036. El 30% restante queda sujeto a una condición: que YouTube y TikTok adopten los mismos límites de uso que Meta ha introducido, incluyendo la verificación de edad, el bloqueo nocturno y los límites diarios de acceso. Para que este desembolso se concrete, estas otras empresas también deberían pagar una cantidad equivalente.
En el plano operativo, Meta aceptará los cambios más profundos que ha firmado por escrito hasta la fecha, centrándose en las funciones señaladas por la fiscalía como adictivas. Se establecerá un límite diario de uso de dos horas, sumando el tiempo invertido en Instagram y Facebook. Además, se implementará un bloqueo de las aplicaciones entre la medianoche y las seis de la mañana, y se silenciarán las notificaciones durante el horario escolar. Para combatir el uso continuo, los usuarios recibirán avisos cada 15 minutos.
Otras medidas incluyen la posibilidad de utilizar un feed sin recomendaciones algorítmicas, que los padres podrán configurar como predeterminado, la desactivación de la reproducción automática y la ocultación de los contadores de «me gusta». Asimismo, quedarán prohibidos los filtros de maquillaje extremo y de cirugía estética. Únicamente los mensajes directos quedarán exentos de estas restricciones, permaneciendo accesibles en todo momento.
El acuerdo prevé que, si TikTok y YouTube se adhieren a estas medidas, los límites de tiempo y bloqueo nocturno se extenderán de cinco a diez años y se volverán más estrictos: el límite de uso diario se reduciría a una hora y el bloqueo nocturno se ampliaría a nueve horas, desde las diez de la noche hasta las siete de la mañana. El límite de dos horas se activará por defecto en todas las cuentas de menores, superando la anterior función «Take a Break», que según admitió Adam Mosseri, jefe de Instagram, solo era utilizada por entre el 1% y el 2% de los adolescentes.
El proceso judicial también sacó a la luz revelaciones críticas. El exempleado Arturo Béjar testificó que Meta sustituía el término «adicción» por «uso problemático» en sus métricas internas y que la empresa ocultaba encuestas donde los usuarios más jóvenes reportaban las tasas más altas de violencia, autolesiones y acoso, mientras publicaba cifras seleccionadas sobre infracciones de normas de contenido.
Además, Meta enfrentaba acusaciones de incumplir la ley COPPA sobre privacidad infantil. La demanda sostenía que la empresa conocía la presencia de cuatro millones de cuentas de niños menores de 13 años, dato que figuraba en informes presentados al propio Mark Zuckerberg. Aunque el pacto no obliga a Meta a reconocer estas faltas, la verificación de edad y la eliminación de dichas cuentas son ejes centrales del acuerdo.
Desde un punto de vista estratégico, Meta evitó una sentencia que podría haber declarado ilegal el diseño de una plataforma federal. Por su parte, los fiscales evitaron años de apelaciones que podrían haber llegado hasta el Tribunal Supremo. Este escenario recuerda las exigencias de la Comisión Europea bajo la Ley de Servicios Digitales, que ya había señalado la incapacidad de Meta para mitigar los riesgos de su diseño adictivo y para mantener fuera de sus redes a los menores de 13 años. Un documento interno de la empresa, exhibido en el juicio, admitía que Meta a veces decidía no cumplir las regulaciones y aceptar la multa, o cumplir de la forma más mínima y literal posible.
