En un fallo judicial que busca hacer justicia ante la vulneración de los derechos de la infancia, un hombre de 34 años fue condenado a 16 años de pena privativa de libertad luego de ser hallado culpable de someter a abusos sistemáticos a su hijastra en la localidad de Minga Guazú. El proceso judicial culminó con una sentencia ejemplar que pone fin a un periodo de calvario vivido por la menor dentro del entorno que debió ser su refugio seguro: su propio hogar.
El desarrollo del juicio oral tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, donde se concentraron los esfuerzos legales para esclarecer los hechos. La representación del Ministerio Público, liderada por la agente fiscal Vivian Andrea Coronel, perteneciente a la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, fue la encargada de conducir la acusación. Durante el debate, la fiscalía presentó un robusto y contundente cúmulo de pruebas que permitieron reconstruir la dinámica del crimen.
El cuerpo probatorio presentado ante el tribunal estuvo compuesto por evidencias documentales, testimoniales y periciales. Estas pruebas fueron analizadas minuciosamente por el Tribunal de Sentencia, el cual estuvo integrado por las juezas Lourdes Morínigo, Flavia Lorena Recalde y Evangelina Villalba. Tras valorar cada uno de los elementos expuestos durante el juicio, las magistradas determinaron que existía una responsabilidad penal plena y sin margen de dudas por parte del acusado.
De acuerdo con los antecedentes detallados en la causa, el ciclo de agresiones comenzó en el año 2021, momento en el cual la víctima tenía apenas 11 años de edad. Los abusos se prolongaron de manera sistemática hasta el año 2023. El agresor utilizaba la confianza y la estructura familiar para perpetrar los delitos, aprovechando específicamente aquellas circunstancias en las que quedaba a solas con la menor dentro de la vivienda familiar. Los ataques consistieron en tocamientos impúdicos de las partes íntimas de la niña, manteniendo un patrón de conducta abusiva durante dos años.
El caso llegó a conocimiento de las autoridades el 24 de marzo de 2025. La denuncia formal fue realizada a través del servicio telefónico 147, una herramienta gestionada por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) para la protección de menores. Una vez recibida la alerta, la fiscal Vivian Coronel actuó de manera inmediata, disponiendo que la niña fuera sometida a una serie de evaluaciones médicas y psicológicas rigurosas para documentar el daño causado.
Los informes periciales resultaron determinantes para la condena, ya que revelaron el profundo impacto traumático en la salud mental de la menor. Los expertos confirmaron que la víctima presentaba alteraciones emocionales severas y perturbaciones del sueño, incluyendo un cuadro de insomnio crónico. Asimismo, se detectaron sentimientos persistentes de inseguridad, una angustia profunda y dificultades severas en la capacidad de atención. Estos hallazgos confirmaron fehacientemente que los abusos habían dejado daños psicológicos graves y duraderos.
Con el respaldo de todas las evidencias reunidas durante la etapa investigativa y la sustentación realizada en el juicio oral, el Tribunal de Sentencia cerró el proceso penal. La condena de 16 años de prisión representa la respuesta del Estado ante la gravedad de los hechos, castigando al responsable de truncar la infancia de la víctima mediante el abuso de poder y la traición a la confianza familiar en el seno de su propia casa.
