El gobierno de los Estados Unidos ha tomado una medida restrictiva contra la activista de izquierda colombiana Viviana Marín, procediendo a la revocación de su visa de ingreso al país. Esta decisión fue informada oficialmente por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien utilizó sus redes sociales para hacer pública la determinación del Departamento de Estado.
La medida surge como respuesta a un video difundido en redes sociales en el cual Marín instaba a sus copartidarios y seguidores a tomar acciones directas para generar un clima de inestabilidad en Colombia. Según los reportes, la activista llamó a sus compañeros a trabajar para "hacerle invivible este país a Abelardo de la Espriella", refiriéndose al actual mandatario.
Christopher Landau, funcionario que en el entorno digital es reconocido bajo el apelativo de “el Quita Visas”, fue el encargado de comunicar la sanción a través de la plataforma X. En su publicación, el subsecretario identificó a Marín como una activista política de Colombia y señaló que, tras la elección de Abelardo de la Espriella el pasado mes de junio, la joven instó públicamente al pueblo colombiano a salir a las calles con el objetivo de convertir el país en un lugar "inhabitable" bajo la gestión del nuevo gobierno.
En el mensaje publicado por el funcionario estadounidense, se enfatizó la distinción entre la libertad de expresión y los privilegios de entrada al territorio estadounidense. Landau afirmó que, si bien Viviana Marín tiene pleno derecho a mantener y expresar sus opiniones políticas, dicha libertad no le otorga el derecho automático de ingresar a los Estados Unidos. El subsecretario fue tajante al declarar que su gobierno no da la bienvenida a personas que ejercen la oposición política mediante la intimidación o la violencia. Bajo estas premisas, y siguiendo la dirección del secretario Marco Rubio, el Departamento de Estado procedió con la revocación inmediata de la visa.
En cuanto al perfil de la afectada, Viviana Marín se desempeña como secretaria de las Juventudes Comunistas (Juco) en la ciudad de Bogotá. El video que detonó la acción del gobierno estadounidense fue grabado durante una reunión con otros integrantes de su movimiento político, llevada a cabo posterior a la victoria electoral de De la Espriella.
Durante dicho encuentro, Marín tomó la palabra para coordinar la estrategia de oposición de su sector, exhortando a sus colegas a organizar protestas callejeras diarias. En sus declaraciones, la activista señaló: “Lo que se viene, camaradas, es calle, así que cómprense zapatos porque toca gastar suela”. Asimismo, definió la tarea del movimiento como el hacer invivible el país para el presidente, utilizando términos fuertes al referirse a la derecha, asegurando que se presentarían como una “hijueputa plaga” que saldría a las calles todos los días para manifestar que no se moverían ni un solo paso.
Este caso no es un hecho aislado, ya que Viviana Marín es la segunda activista de izquierda colombiana que se ve afectada por las políticas de control implementadas por el gobierno de Donald Trump. Anteriormente, se registró la situación de Franklin Humberto Coral Garrido, ampliamente conocido en redes sociales como Beto Coral. Coral Garrido residía en Estados Unidos mientras esperaba la resolución de una solicitud de asilo político.
No obstante, por una solicitud expresa de Marco Rubio, la agencia de inmigración y control aduanero (ICE) procedió al arresto de Beto Coral el pasado 16 de junio en una calle de Phoenix, Arizona. Tras permanecer en diversas celdas, el activista fue deportado a Colombia un mes después de su detención.
Los motivos de esta deportación quedaron plasmados en un memorando redactado por Marco Rubio. En dicho documento, el funcionario explicó que permitir la permanencia de Coral Garrido en territorio estadounidense socavaba los intereses de la política exterior de los Estados Unidos respecto a los procesos democráticos en Colombia. Rubio argumentó que mantener al activista en el país enviaría la señal de que los extranjeros podrían utilizar las plataformas estadounidenses para ejecutar campañas de desinformación y litigios con motivaciones políticas dirigidos contra actores democráticos extranjeros sin enfrentar consecuencias legales o migratorias.
