La justicia de Irán ha dictado una sentencia de pena capital contra Najmeh Amini, una estudiante de 23 años, bajo el cargo de "blasfemar" a través de diversas publicaciones realizadas en redes sociales. El caso ha generado una inmediata señal de alerta entre diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, que denuncian la gravedad de la condena y el contexto en el que se produce. Actualmente, la joven se encuentra recluida en la prisión de Vakilabad, situada en la ciudad de Mashhad, al noreste del país.
La situación judicial de Amini es compleja, ya que enfrenta dos procesos legales independientes. En uno de ellos, procesado ante el Tribunal Revolucionario de Mashhad, la joven fue condenada a una pena de 12 años, seis meses y un día de prisión. Los cargos en esta causa incluyen actuar contra la seguridad nacional y la difusión de propaganda dirigida contra el régimen de la República Islámica.
Paralelamente, Amini fue sometida a un proceso en un tribunal penal. En este caso, la imputación inicial, que se centraba en insultar a figuras religiosas, fue modificada durante el transcurso del juicio por la de "sab ol-nabi", término que se traduce como "insultar al profeta". Esta recalificación del delito culminó en la sentencia de muerte, la cual, según un mensaje difundido por la propia detenida, fue dictada el pasado 16 de septiembre. A pesar de la severidad de la resolución, la sentencia no es definitiva, ya que el marco legal permite que sea apelada ante el Tribunal Supremo de Irán, según ha informado el medio británico The Guardian.
El origen de este proceso judicial se remonta a principios del año en curso. De acuerdo con la agencia de noticias de la organización Activistas de Derechos Humanos en Irán (Hrana), la detención de Najmeh Amini ocurrió el 31 de enero en el centro comercial Ferdowsi, en Mashhad. Su arresto se produjo en el marco de una ola de protestas que se extendieron por diversas regiones del país. Estas movilizaciones habían tenido su inicio el 28 de diciembre de 2025, motivadas principalmente por el desplome del rial, la moneda nacional, frente al dólar estadounidense.
El malestar social comenzó en los bazares de Teherán, donde los comerciantes cerraron sus negocios y salieron a las calles para manifestar su rechazo a las constantes devaluaciones y al incremento sostenido de los precios. A estas protestas económicas se sumaron estudiantes y otros sectores de la sociedad, transformando los reclamos financieros en consignas directas contra el régimen. En este contexto de inestabilidad, Amini fue detenida y posteriormente trasladada a la prisión de Vakilabad.
La situación de la joven ya había sido documentada previamente por Hrana en un informe publicado el 12 de mayo, donde se identificaba a 30 mujeres detenidas durante las manifestaciones. En dicho documento se denunció que el arresto de Amini fue violento y se detallaron las graves acusaciones que enfrentaba, entre las que se incluían la "enemistad con Dios", la colaboración con Israel, insultos dirigidos al profeta y al líder supremo, así como resistencia a la autoridad.
Durante el proceso penal, la defensa de Amini intentó argumentar que las publicaciones en redes sociales no fueron deliberadas. La joven sostuvo que los comentarios fueron realizados mientras se encontraba en un estado de alucinación tras el consumo de hongos alucinógenos junto a unos amigos. Su abogado calificó el incidente como un "desliz verbal". Sin embargo, el juez rechazó estos argumentos, cuestionando por qué, encontrándose en ese estado de intoxicación, la joven no había insultado a otras personas o a adversarios conocidos del régimen, como Estados Unidos o Israel.
La legislación iraní prevé la pena de muerte por insultar a Mahoma o a figuras veneradas del islam chiita, aunque contempla excepciones si las declaraciones fueron hechas sin intención deliberada o bajo efectos de intoxicación. Pese a ello, el tribunal desestimó estas salvedades en el caso de Amini.
Desde su encierro, la joven ha intentado visibilizar su situación. En un audio difundido en septiembre, Amini apeló a las Naciones Unidas, a abogados y a organizaciones de derechos humanos para que intervinieran en la revisión de su caso. "Soy una joven inocente con tantas esperanzas y sueños", expresó en el mensaje.
Por su parte, Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights, organización con sede en Oslo, ha advertido que este caso podría sentar un precedente peligroso al ampliar el uso de la pena capital contra la expresión pacífica en plataformas digitales. La organización ha solicitado una reacción contundente de la comunidad internacional, subrayando que Irán ha llevado a cabo más de 600 ejecuciones en lo que va de año, según sus propios registros.
