A partir del próximo lunes 31 de agosto, entrará en vigencia una nueva herramienta diseñada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) denominada “Cobros por Transferencia”. Esta iniciativa surge con el objetivo primordial de mitigar el incremento de la morosidad en el sector de los créditos digitales, buscando optimizar la recuperación de los fondos prestados a través de un mecanismo de cobro más eficiente.
El funcionamiento de esta herramienta permite que tanto las entidades bancarias tradicionales como los Proveedores No Financieros de Crédito (PFNC) tengan la capacidad de debitar de manera directa la cuota pendiente de un préstamo. Para que este proceso se ejecute, el débito se realizará desde la cuenta bancaria o la billetera virtual donde el cliente solicitó originalmente que se depositaran los fondos del crédito.
Aunque la medida fue presentada formalmente en el mes de marzo, su implementación efectiva requiere que los bancos y las empresas de tecnología financiera (fintech) adecuen sus sistemas operativos. Esta adecuación es fundamental para permitir la ejecución de cobros interinstitucionales. No obstante, es importante destacar que el BCRA no obliga a las entidades financieras a incluir este esquema dentro de su cartera de productos, dejándolo como una opción disponible para aquellas que decidan adoptarlo.
Para que el mecanismo de "Cobros por Transferencia" sea operativo, el sistema exige un requisito indispensable: el consentimiento previo y expreso del tomador del crédito. El usuario debe autorizar explícitamente a la entidad prestamista para que esta pueda realizar los débitos automáticos en su cuenta, asegurando así que el cliente esté al tanto de la modalidad de cobro.
En aras de proteger al usuario y evitar situaciones de vulnerabilidad financiera, el sistema establece reglas estrictas. En primer lugar, los compromisos asumidos deben consistir en cuotas fijas e iguales. Además, estas cuotas no podrán superar el 30% de los ingresos de la persona, una medida diseñada específicamente para prevenir el sobreendeudamiento de los consumidores.
Asimismo, el marco normativo garantiza la autonomía del usuario sobre sus fondos, permitiendo que la autorización de débito pueda ser dada de baja en cualquier momento. Una vez que el cliente solicite la cancelación de este permiso, la baja debe tener efecto inmediato, impidiendo cualquier cobro posterior bajo este esquema.
Para evitar prácticas abusivas o reiteraciones indebidas, el BCRA ha impuesto obligaciones claras al prestamista. La entidad deberá notificar al cliente con 24 horas de antelación antes de ejecutar el débito. En cuanto a la frecuencia de cobro, el sistema limita estrictamente los intentos: se permite un cobro inicial y, en caso de no concretarse, solo dos reintentos adicionales, los cuales deben realizarse a las 48 y 96 horas del primer intento.
Si bien la medida se ha presentado como una evolución del antiguo sistema de Débito Inmediato (Debin), orientada principalmente a prevenir el fraude, la recepción en el sector financiero no ha sido favorable. A través de sus cámaras representativas, diversas entidades han manifestado sus reparos, solicitando prórrogas e incluso la suspensión total de la norma. Los argumentos principales se basan en la existencia de faltantes técnicos en el diseño operativo de la herramienta.
Los analistas del sector han señalado cuestionamientos críticos sobre el alcance real de la medida. Uno de los puntos más debatidos es que la herramienta solo es aplicable a las cuentas donde se depositó originalmente el préstamo. Esta restricción acota drásticamente la capacidad de cobro de las entidades, ya que no pueden acceder a otras cuentas del mismo cliente.
Otro punto débil identificado es la exclusión de ciertos activos financieros. El sistema de débitos no alcanza a las cuentas remuneradas, los fondos comunes de inversión ni los saldos destinados a la compra de dólar MEP. Estos instrumentos son, precisamente, donde suele concentrarse la liquidez de los usuarios de billeteras virtuales, lo que reduce la efectividad del mecanismo.
Finalmente, la imposición de cuotas estrictamente fijas representa un obstáculo para las entidades financieras, ya que este esquema imposibilita el cobro de punitorios por mora. Debido a estas limitaciones técnicas y operativas, el mercado prevé que el impacto de "Cobros por Transferencia" se limitará a las pequeñas financieras y tendrá una gravitación nula entre los grandes actores del sistema financiero.
