El Gobierno de Bolivia ha implementado un despliegue estratégico de fuerzas militares y policiales en el departamento de Santa Cruz, la región más extensa y el núcleo económico del país. Esta medida responde a las amenazas de diversos sectores campesinos que advirtieron el inicio de bloqueos de carreteras en protesta contra la decisión gubernamental de retirar la subvención al precio del diésel para aquellos usuarios catalogados como “grandes consumidores”.
La movilización de los efectivos de seguridad se concentró específicamente en el municipio de Yapacaní, una localidad situada a 131 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. La confirmación de este despliegue fue emitida por el Ministerio de Defensa a través de un comunicado oficial de prensa, detallando que la acción se llevó a cabo desde la noche del lunes.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que, ante la convocatoria pública para ejecutar bloqueos en Yapacaní, se dispuso un despliegue preventivo de las Fuerzas Armadas. El objetivo central de esta misión es coadyuvar en las labores de la Policía Boliviana para prevenir la interrupción del tráfico, proteger la infraestructura carretera y, fundamentalmente, evitar que se produzcan enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden.
En relación con el marco legal de estas acciones, el ministro Justiniano subrayó que en Bolivia se encuentra vigente un estado de excepción. Bajo este régimen, el funcionario aclaró que se mantiene el derecho de los ciudadanos a marchar, protestar, reunirse y expresar su desacuerdo con las políticas gubernamentales. No obstante, lanzó una advertencia clara sobre los límites de estas manifestaciones: el bloqueo de carreteras, la obstrucción del libre tránsito y la afectación de infraestructura crítica no están permitidos. Justiniano enfatizó que esta normativa es aplicable para todos los ciudadanos en todo el territorio nacional sin excepción.
En los días previos a este despliegue, los pobladores de Yapacaní ya habían manifestado su descontento saliendo a la carretera principal de la población para marchar, anunciando que el martes procederían a bloquear la ruta que conecta el oriente con el centro y occidente del país. Sin embargo, según constataciones realizadas por EFE, la Policía y los militares lograron mantener la ruta expedita desde las primeras horas de la jornada.
Mientras se mantiene el control operativo en las vías, el Gobierno ha intentado abrir canales de diálogo. El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, ha sostenido reuniones con dirigentes campesinos y productores de la región en las instalaciones de la Federación Intercultural de Productores Agropecuarios de Yapacaní. El propósito de estos encuentros es alcanzar acuerdos que permitan frenar cualquier intento de protesta violenta o bloqueo.
El conflicto tiene su origen en un decreto emitido por el Gobierno boliviano el pasado 17 de agosto. Dicha normativa establece un “precio referencial” de 18 bolivianos (equivalentes a 1,55 dólares según el tipo de cambio actual) por litro de diésel. Este precio variable está destinado específicamente a industrias, empresas y otras entidades clasificadas como “clientes directos” y “grandes consumidores”.
Para mitigar el impacto en la población general, el Gobierno ha determinado que este incremento no se aplique al sector del transporte público ni privado, siempre que sus consumos mensuales sean inferiores a los 5.000 litros. Para estos usuarios, el precio se mantiene en 9,80 bolivianos (0,84 dólares) por litro.
A pesar de esta distinción, el sector agroindustrial de Santa Cruz rechazó tajantemente la medida el pasado jueves. Los representantes del sector sostienen que el retiro de la subvención “castiga” a los productores y argumentan que esta acción no resuelve el problema de fondo: el desabastecimiento de combustible que afecta a la región.
La tensión política se agudiza con la participación de sectores afines al expresidente Evo Morales. Estos grupos también han amenazado con iniciar protestas contra el retiro parcial de la subvención del diésel. Se ha informado que este miércoles se llevará a cabo una reunión en el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical del exgobernante, con el fin de definir posibles medidas de presión contra el Gobierno.
Este escenario se desarrolla en un contexto de crisis energética, ya que Bolivia enfrenta nuevamente dificultades en el abastecimiento de combustibles. En las últimas semanas, se han registrado largas filas de vehículos en las estaciones de servicio en diversas partes del país.
Finalmente, cabe recordar que el estado de excepción fue declarado el 20 de junio por un periodo de 90 días en todo el territorio nacional. Esta medida fue tomada tras siete semanas de intensas protestas y bloqueos de carreteras liderados por sectores campesinos y grupos afines a Evo Morales, quienes exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
