Una sofisticada red de fraude informático habría ocasionado pérdidas económicas estimadas en hasta 10 millones de soles anuales a la Línea 1 del Metro de Lima. Según las investigaciones fiscales y policiales, la organización operaba mediante la adulteración de tarjetas de transporte, permitiendo que personas denominadas ‘salderos’ cobraran sumas entre S/2 y S/2.50 a los pasajeros para facilitarles el ingreso a las estaciones, evitando así las largas filas de recarga en las boleterías oficiales.
El esquema delictivo no se limitaba únicamente a la manipulación técnica, sino que contaba con una estructura organizada y el presunto respaldo de agentes del Estado. La investigación, liderada por la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia bajo la conducción de la fiscal Paola Charaja, junto con efectivos de la Policía Nacional, determinó que cuatro agentes de la División de Seguridad Ferroviaria de la PNP habrían recibido pagos irregulares para garantizar la operatividad de esta red en seis estaciones del sistema.
La modalidad fraudulenta comenzaba en un inmueble donde se llevaba a cabo la modificación de los datos de las tarjetas. Mediante el uso de equipos electrónicos y programas especializados, los implicados lograban alterar el saldo de los plásticos. Las pesquisas revelaron que las tarjetas podían presentar saldos ficticios de S/300, S/600 y hasta S/900, cifras que superan ampliamente el límite de recarga permitido por el sistema oficial, el cual es de hasta S/100.
Una vez adulteradas, las tarjetas pasaban al segundo eslabón de la cadena: los ‘salderos’. Estos operadores se ubicaban estratégicamente cerca de los torniquetes para captar a los usuarios que buscaban rapidez y evitar las colas. Por un monto menor, los ‘salderos’ validaban el ingreso de los pasajeros utilizando los saldos manipulados, y el dinero recaudado terminaba en manos de la organización criminal.
Dentro de la estructura, las autoridades han identificado a Miguel Ángel Goyeneche Bravo, conocido como “Cojo”, como uno de los principales coordinadores. A Goyeneche se le atribuye la gestión de los espacios donde trabajaban los vendedores informales, manteniendo un control operativo sobre seis estaciones del Metro de Lima.
El soporte tecnológico del fraude habría sido provisto por un trabajador de seguridad privada vinculado a la Línea 1. El coronel José Montero, de la Dirincri, detalló que esta persona utilizaba una computadora portátil y tres lectores electrónicos, empleando programas específicos denominados MCT y FK para modificar la información almacenada en los chips de las tarjetas.
Durante los operativos de registro en un inmueble, la Policía Nacional incautó más de 1,280 tarjetas presuntamente adulteradas, laptops, lectores, duplicadores y diversos dispositivos electrónicos. Asimismo, se hallaron S/5 mil en efectivo durante las diligencias. La Policía sostiene que este flujo constante de tarjetas con saldos ficticios alimentaba el circuito informal en las estaciones.
Sin embargo, el éxito del negocio dependía en gran medida de la complicidad interna. Las investigaciones señalan que los cuatro agentes de la División de Seguridad Ferroviaria de la PNP habrían permitido que los ‘salderos’ operaran sin interrupciones. Según el coronel Montero, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, uno de estos efectivos habría recibido pagos de aproximadamente S/1,000 diarios. Además, estos policías habrían filtrado información sensible, como las fechas de los operativos y la identidad del personal policial que sería desplegado en las estaciones.
La logística financiera habría estado a cargo de Sharik Gómez Vargas, identificada como la presunta recolectora del dinero. En su declaración, Gómez Vargas señaló que “Cojo” le ordenaba realizar pagos semanales a los policías, con montos que oscilaban entre los S/870, S/1,270 y S/1,570. Según su testimonio, algunas de estas transacciones económicas se realizaban clandestinamente dentro de los ascensores de las estaciones.
Un detalle revelador de la desesperación de los implicados fue detectado durante una intervención, donde los agentes policiales encontraron un chip oculto en la boca de una de las personas detenidas, hecho que fue difundido posteriormente en un reportaje de Cuarto Poder.
El golpe policial permitió la incautación de equipos informáticos, tarjetas y dinero vinculado al fraude. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad individual de cada uno de los investigados y desarticular completamente cualquier remanente de esta estructura que combinaba la ciberdelincuencia con la corrupción policial.
