La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes 24 de agosto el inicio de una etapa de recuperación integral en el país, tras cumplirse dos meses de los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio. A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, la mandataria interina se comprometió a acelerar la reconstrucción de las zonas más afectadas por los sismos, estableciendo metas concretas en materia de vivienda, servicios públicos, seguridad y operatividad del Estado.
En el ámbito habitacional, Rodríguez reconoció que miles de familias aún sufren las consecuencias de la tragedia. Como respuesta, informó que hasta el momento se han entregado 335 viviendas, beneficiando a un total de 1.172 personas, mientras que otras 1.001 viviendas fueron recuperadas, brindando refugio a 3.503 ciudadanos. Sin embargo, el gobierno se ha propuesto ampliar significativamente estas cifras, anunciando la adjudicación de más de 4.000 viviendas adicionales antes de que finalice el año en curso. La mandataria enfatizó el compromiso gubernamental asegurando que "nadie se quedará sin nuestro abrazo y sin nuestra atención".
Uno de los ejes prioritarios de esta fase de recuperación es la remoción de escombros de las edificaciones colapsadas. Para ello, se ejecuta el denominado Plan Despeje Digno y Seguro, el cual ha permitido retirar hasta ahora el 28% de los materiales, lo que equivale a cerca de 580.000 toneladas. Este proceso cuenta con la participación de equipos técnicos venezolanos, especialistas internacionales y el apoyo de organismos de las Naciones Unidas. Rodríguez destacó que las labores se llevan a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad, subrayando el valor sentimental de los espacios destruidos, al señalar que los escombros representan hogares, recuerdos y la historia de numerosas familias.
Respecto a los servicios públicos, la mandataria indicó que la emergencia provocada por los sismos aceleró la implementación de planes de mejora. En el sector eléctrico, se han suscrito acuerdos para la incorporación de megavatios, destacando un convenio específico con la empresa argentino-americana INSA. Asimismo, anunció la puesta en marcha de un plan para ampliar la capacidad termoeléctrica disponible con el fin de responder al incremento en la demanda de energía eléctrica en el país.
En materia económica, Rodríguez resaltó el desempeño del sector petrolero, informando que la producción nacional ha superado los 1,23 millones de barriles diarios, alcanzando así el nivel más alto registrado desde febrero de 2019. Para sostener este crecimiento, el gobierno ha firmado 50 acuerdos estratégicos en las áreas de petróleo y gas, los cuales contemplan inversiones en más de 76 áreas productivas de hidrocarburos. A pesar de presentar estos datos como indicadores de recuperación, la funcionaria admitió que aún queda un camino considerable por recorrer para revertir los efectos de la crisis económica y el impacto de las sanciones.
En cuanto a la gestión administrativa, la presidenta encargada anunció una serie de medidas para transformar la relación entre el ciudadano y la administración pública. El objetivo es simplificar los trámites, ampliar la oferta de servicios digitales y reducir la exigencia de documentos que ya se encuentran en los archivos del Estado. Al respecto, afirmó: “Queremos un Estado que resuelva, no que complique ni atropelle”. En paralelo, se trabaja en la digitalización y automatización del sistema tributario para mejorar la recaudación destinada al sistema de protección social.
En el área de seguridad ciudadana, Rodríguez informó que en los próximos días se eliminarán las alcabalas policiales en las ciudades. Estos puntos de control serán sustituidos por un reforzamiento del patrullaje, buscando mecanismos que resulten más eficaces y respetuosos de los derechos humanos. Además, mencionó que el gobierno colabora con el Comité Internacional de la Cruz Roja para revisar y mejorar las condiciones en los centros de reclusión.
Finalmente, en el plano político, la mandataria reveló la existencia de un primer acuerdo con un sector de la oposición, representado en la Asamblea Nacional de 2015, para tratar temas relativos a la renovación del Poder Judicial y la recuperación de activos y recursos del Estado. Este proceso se enmarca en el Programa de Convivencia Democrática y Paz, el cual ha resultado en la liberación de 1.046 venezolanos y la concesión de beneficios procesales a 12.000 personas.
Rodríguez concluyó su mensaje admitiendo que persisten problemas graves, como familias que aún esperan viviendas definitivas y comunidades con servicios públicos incompletos, además de la preocupación ciudadana por el empleo y los ingresos. No obstante, planteó que la reconstrucción debe ser una oportunidad para mejorar las condiciones estructurales del país, haciendo un llamado al reencuentro nacional para lograr un Estado con mejores servicios y mayores oportunidades.
