La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este lunes que el presidente Donald Trump avance con un controvertido decreto dirigido a restringir los votos por correo. Sin embargo, es prácticamente seguro que esta decisión no represente la palabra final sobre si el Gobierno federal puede implementar realmente este plan de amplio alcance, ya que la legalidad de la propuesta sigue en disputa y la medida permanece bloqueada en todo el país.
El centro de la controversia es un decreto firmado por Trump en marzo, el cual otorga al Servicio Postal de EE.UU. (USPS) un papel sin precedentes para decidir si se envían los votos por correo. Esta iniciativa surge tras años en los que el mandatario ha sostenido afirmaciones infundadas sobre la existencia de votos ilegales a través de este sistema.
La orden emitida por el máximo tribunal, que contó con el desacuerdo de tres jueces liberales, no resuelve el fondo legal de la propuesta. El plan del presidente para el USPS continúa bloqueado a nivel nacional y es probable que nuevas acciones judiciales lleven el decreto nuevamente ante los jueces en los próximos días. Por el momento, los votantes que planean emitir su voto por correo en las elecciones de mitad de mandato no necesitan cambiar sus planes, aunque la decisión genera incertidumbre entre los votantes y los funcionarios electorales estatales que se preparan para los comicios.
La decisión del lunes no abordó la legalidad del decreto, sino que se centró en el momento en que 23 estados demócratas presentaron su demanda. Los jueces conservadores concluyeron que la impugnación fue prematura, argumentando que el Gobierno de Trump aún no había tomado medidas efectivas para implementar sus planes. El tribunal escribió en una decisión sin firma que el decreto no impone exigencias a los estados y que, para suspender la directriz, los tribunales inferiores tuvieron que especular sobre los posibles daños. El máximo tribunal aclaró que esto no significa que el presidente pueda implementar finalmente la disposición relacionada con el USPS, afirmando que "el tiempo lo dirá".
Por otro lado, Trump obtuvo una victoria más clara en otra sección de su decreto. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podrá avanzar con un plan para crear listas de votantes de cada estado que hayan sido determinados como ciudadanos de EE.UU. y, por ende, tengan derecho a votar. No obstante, el plan no exige que los estados realicen ninguna acción específica con dichas listas.
La situación legal es compleja debido a que, mientras la apelación de emergencia de Trump estuvo pendiente ante la Corte Suprema durante casi un mes, el USPS emitió una normativa obligatoria que detalla cómo ejecutaría el plan. Simultáneamente, la jueza Indira Talwani, del tribunal federal de distrito de Massachusetts, bloqueó las directrices del USPS en todo el país en un caso separado promovido por grupos defensores del derecho al voto, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Esta decisión sigue vigente, manteniendo el decreto bloqueado a pesar del fallo de la Corte Suprema.
La jueza Talwani ha actuado con rapidez, ordenando una nueva ronda de escritos para el martes, lo que podría resultar en otra decisión que bloquee temporalmente el decreto y prepare el camino para que la disputa regrese rápidamente a la Corte Suprema. Según la Constitución, los procedimientos de votación son determinados por los estados y el Congreso, y no por la Casa Blanca o agencias federales, punto que seguramente será clave en etapas posteriores.
El factor tiempo es crítico, ya que faltan menos de 80 días para las elecciones del 3 de noviembre. Si los tribunales intentan frenar el decreto muy cerca de la fecha, podrían chocar con el "principio Purcell", una doctrina de 2006 que advierte a los tribunales no hacer cambios de último momento en las reglas de votación. El Departamento de Justicia podría argumentar que sería demasiado tarde para intervenir. Ante esto, la jueza Ketanji Brown Jackson advirtió que el Gobierno podría "manipular el sistema", señalando que ahora se revela que las reclamaciones legales pueden ser consideradas "demasiado pronto", independientemente de los perjuicios actuales.
El decreto de marzo plantea dos cambios fundamentales. Primero, el DHS elaborará listas de ciudadanía estado por estado usando bases de datos federales, como registros migratorios y del Seguro Social. Segundo, el USPS cambiaría la gestión de boletas: los funcionarios locales deberían cargar nombres y direcciones en un portal del Servicio Postal antes del envío, y adoptar sobres estandarizados con códigos de barras únicos. Las boletas que no estén en el portal serían rechazadas.
Este sistema crearía un "manifiesto" de boletas para detectar anomalías y realizar auditorías, permitiendo al DHS y al Departamento de Justicia investigar presuntos casos de voto ilegal. Aunque el USPS afirma que no implementará la norma sin aprobación judicial, la Casa Blanca ha expresado su deseo de que el sistema funcione para noviembre. Más de 20 estados y diversos grupos denuncian que esto excede las facultades de Trump y advierten que el USPS dejaría de ser un transportista para convertirse en un "guardián de la elegibilidad de los votantes", pudiendo generar caos logístico y confusión electoral.
