¿Cómo se gestiona una emergencia sanitaria cuando los plazos oficiales no se cumplen? Esta es la interrogante que surge tras las recientes declaraciones del consejero de Salud de Cantabria, César Pascual.
El Gobierno de Cantabria ha confirmado que aportará todas las reservas de vacunas solicitadas por el Ministerio de Sanidad para inmunizar a los inmigrantes asentados de forma irregular en Ceuta, tras el salto desde Marruecos ocurrido el pasado 30 de julio. No obstante, esta colaboración tiene una condición clara: que el Ejecutivo central retorne posteriormente dichas dosis.
Según Pascual, el mayor obstáculo actual es la logística, debido a la necesidad de mantener la cadena de frío de algunos fármacos. Para evitar que existan 17 logísticas distintas, una por cada comunidad autónoma, el consejero ha propuesto que la coordinación recaiga en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Ingesa, responsable de la asistencia en la ciudad autónoma.
Más allá de la ayuda, el consejero ha sido crítico con la gestión central, asegurando que el Ministerio de Sanidad "tiene que ponerse las pilas". Pascual recordó que en junio se aprobó una estrategia para vacunar a los inmigrantes en un plazo de tres semanas, tiempo que ya ha expirado. Además, señaló que el Estado no ha iniciado la compra de vacunas desde junio y que podría haber recurrido directamente a los laboratorios.
En cuanto a la disponibilidad, aclaró que solo enviará las reservas, ya que Cantabria está creciendo en población y debe asegurar su propia inmunización. No obstante, consideró que, al ser Ceuta una ciudad pequeña, no requiere un volumen masivo de dosis y que existen reservas suficientes en España para cubrir la demanda.
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