El periodista, escritor y mercadólogo Oscar López Reyes ha compartido una detallada reflexión sobre la evolución económica y social de la provincia de Barahona, contrastando la calidad de vida y el poder adquisitivo de mediados de la década de los 70 con la realidad del año 2026. A través de su testimonio, se evidencia una transformación profunda en el consumo, los salarios y el costo de la vida en la República Dominicana.
En el año 1976, López Reyes percibía un ingreso mensual total de 100 pesos dominicanos, provenientes de dos empleos: uno en el gobierno, específicamente en la Corte de Apelación, donde ganaba 60 pesos, y otro en un medio de comunicación, Radio Barahona, donde percibía 40 pesos. En aquel entonces, esta suma resultaba suficiente para cubrir los gastos de su familia de cuatro integrantes, permitiéndole vivir sin deudas, sin estrés y con una sensación de privilegio y esperanza en el futuro.
La vida cotidiana de la época estaba marcada por una sobriedad material absoluta. En el hogar del autor no existían electrodomésticos comunes en la actualidad, tales como televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado, estufa, licuadora ni inversores. El acceso al agua potable era gratuito a través de tuberías, al igual que el servicio de recogida de basura, y el costo de la energía eléctrica era mínimo. Asimismo, la educación secundaria en el liceo no representaba un costo económico para los ciudadanos.
En cuanto a la infraestructura sanitaria, el relato destaca que en las zonas céntricas de Barahona se utilizaban letrinas equipadas con periódicos y fundas de papel para el aseo personal, lo cual era visto como una muestra de progreso. Esto contrastaba con las zonas rurales y lomas, como Chene y Enriquillo, donde los habitantes debían recurrir a elementos naturales como piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos para sus necesidades fisiológicas.
El sistema de abastecimiento alimentario se basaba en colmados y almacenes, ya que no existían los supermercados. Los precios estaban regulados por la Dirección General de Control de Precios. Según los datos proporcionados, una libra de arroz costaba 8 centavos, las habichuelas 7 centavos, el azúcar 4 cheles, la carne 10 cheles y el aceite comestible 30 centavos. La leche de vaca, suministrada por productores locales como Amador Pons, Sarita Báez y los hermanos Milongo y Napó Pérez, se vendía entre 8 y 10 cheles el litro.
El poder adquisitivo era tal que la compra alimenticia mensual para una familia de ocho personas —incluyendo vecinos y familiares cercanos— ascendía a menos de 20 pesos. Otros gastos eran igualmente reducidos; por ejemplo, un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos. En ese periodo, el peso dominicano mantenía una paridad de uno a uno con el dólar estadounidense.
Al realizar un análisis financiero actualizado a junio de 2026, López Reyes señala que aquellos 100 pesos de 1976 equivaldrían hoy a 125,898 pesos con 56 centavos nominales, considerando el Índice de Precios al Consumidor y el efecto inflacionario. Sin embargo, al aplicar los descuentos actuales de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR), que suman 27,498 pesos con 12 centavos, el salario neto real sería de 98,400 pesos con 44 centavos.
En el ámbito profesional, el autor recuerda su labor como mecanógrafo y mensajero en la Corte de Apelación, donde interactuaba con jueces como Federico Neftalio Cuello López, Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, además del procurador Secundino Gómez Pérez. Los magistrados de la época devengaban aproximadamente 250 pesos mensuales.
El 11 de febrero de 2026, al regresar a las oficinas de la Corte de Apelación, el autor constató la desaparición de las máquinas de escribir mecánicas y el cambio en la escala salarial: el salario mínimo actual es de 20,500 pesos, mientras que los titulares de la Corte ganan entre 260,859 y más de 362,304 pesos. Finalmente, López Reyes reveló que su salida forzosa de dicha institución en el pasado se debió a su negativa de ingresar al Partido Reformista del presidente Joaquín Balaguer, hecho que lo obligó a emigrar a Santo Domingo.
