El panorama electoral para los próximos comicios municipales de octubre ha sumado una controversia jurídica de relevancia. El abogado Ronald Wilder Castillo Rojas, militante del partido Avanza País, ha interpuesto una denuncia formal ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, solicitando que la autoridad electoral declare la incompatibilidad de la postulación de Rafael López Aliaga para el cargo de primer regidor metropolitano.
A través de este recurso legal, el demandante busca la exclusión definitiva de López Aliaga de la contienda electoral. La medida plantea la aplicación de un recurso de fiscalización exhaustivo sobre la lista presentada por el partido Renovación Popular, con el objetivo de determinar si la actual configuración de sus candidatos contraviene las normativas vigentes.
Para sustentar el reclamo, el denunciante ha detallado la trayectoria política reciente del líder de Renovación Popular. Según indica Castillo Rojas, Rafael López Aliaga ejerció el cargo de alcalde de Lima durante el periodo comprendido entre los años 2023 y 2026. No obstante, el político presentó su renuncia a dicha alcaldía en octubre de 2025. Tras este hecho, López Aliaga participó en una campaña presidencial y, posteriormente, fue elegido como senador, cargo que finalmente no asumió, lo que permitió su retorno a la competencia electoral en el ámbito local.
La controversia jurídica actual se ha precipitado debido a un cambio significativo en la estructura de la lista de Renovación Popular. El detonante fue la renuncia definitiva de Luis Rubio, quien se desempeñaba como el candidato a alcalde de Lima por dicha agrupación política. De acuerdo con los argumentos expuestos en la denuncia, la salida de Rubio provocó una reconfiguración automática de la lista de candidatos, situación que colocó a Rafael López Aliaga en la primera línea de sucesión al situarlo como primer regidor metropolitano.
El fundamento central de la demanda interpuesta por Castillo Rojas se basa en el marco normativo de la Constitución Política del Perú. Específicamente, el demandante invoca el artículo 194 de la Carta Magna, el cual establece una prohibición expresa respecto a la reelección inmediata de los alcaldes. La tesis del demandante sostiene que la actual postulación de López Aliaga, al quedar como primer regidor en sucesión directa, vulnera el espíritu y la letra de este precepto constitucional.
En la argumentación detallada en el recurso, se precisa que una interpretación estrictamente formal de la ley podría restar eficacia a las normas constitucionales. El denunciante sostiene que la agrupación política Renovación Popular habría utilizado diversos mecanismos legales que, aunque permitidos de forma individual, fueron implementados para alcanzar un resultado final que está prohibido por la ley. Según Castillo Rojas, esta estrategia lesionaría la alternancia democrática, un principio fundamental del sistema político.
Para reforzar la viabilidad de su solicitud, el militante de Avanza País invocó un precedente administrativo reciente. Hizo referencia a una resolución emitida por el Jurado Electoral Especial de Morropón, en Piura, el pasado 20 de agosto. En aquel caso, la autoridad electoral excluyó a un candidato a regidor en circunstancias idénticas a las que se presentan ahora en la capital. En dicha decisión provincial, se estableció que el control electoral debe poseer un carácter preventivo y que su función primordial es salvaguardar la supremacía de la Constitución Política.
Con la presentación de esta denuncia, el proceso queda ahora en manos del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, organismo encargado de evaluar si la reconfiguración de la lista de Renovación Popular constituye una infracción a la prohibición de reelección inmediata. La resolución de este conflicto legal definirá la permanencia o exclusión de Rafael López Aliaga en las elecciones municipales que se llevarán a cabo en octubre de este año.
