La provincia de Pisco ha dado un paso significativo en la estructuración de sus políticas de protección social. Durante la sesión mensual de la Instancia Provincial de Concertación para Erradicar la Violencia contra la Mujer y Poblaciones Vulnerables, desarrollada en el distrito de San Clemente, las autoridades locales y representantes de diversas municipalidades de la provincia se reunieron con el objetivo de coordinar y concretar medidas de protección efectivas para los sectores más desprotegidos de la región.
El punto central y más relevante de la agenda de trabajo fue la definición del grupo poblacional que recibirá atención en la primera etapa de implementación de la futura casa de acogida o casa refugio proyectada para la provincia. Este espacio está concebido como un lugar seguro para personas que se encuentran en situaciones críticas de riesgo o vulnerabilidad, permitiendo que el Estado brinde el resguardo necesario mientras se resuelven sus situaciones legales o personales.
Tras un proceso de debate donde los representantes de las instituciones presentes expusieron sus puntos de vista y analizaron las necesidades urgentes de la zona, se procedió a una votación. El resultado fue contundente: la propuesta fue aprobada por unanimidad para que, en su fase inicial, la casa refugio sea destinada específicamente a niños, niñas y adolescentes.
Para llegar a esta conclusión, la Instancia Provincial llevó a cabo un análisis detallado de los tres grupos principales que forman parte de su ámbito de trabajo y que requieren atención prioritaria. Estos grupos están compuestos por mujeres víctimas de violencia, menores de edad y adultos mayores de 70 años que se encuentran en condición de abandono o que atraviesan una situación económica precaria. Tras evaluar la situación de cada uno de estos sectores, se determinó que la prioridad inmediata debe centrarse en la población infantil y adolescente.
Al respecto, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, brindó detalles sobre la viabilidad del proyecto. El burgomaestre explicó que la creación de esta casa refugio no es una acción aislada, sino que constituye una de las piezas fundamentales dentro de las políticas integrales de protección a las poblaciones vulnerables que su gestión y la instancia provincial están impulsando.
En cuanto a la ejecución física del proyecto, Pedro Fuentes precisó que ya se ha avanzado en la etapa de planificación territorial, señalando que se tiene identificado un terreno ubicado en el distrito de San Andrés. Es en este lugar donde se proyecta desarrollar la infraestructura necesaria para que los menores de edad cuenten con un espacio digno y seguro.
“Hoy día se ha determinado sobre la casa de acogida o casa refugio”, señaló el alcalde provincial, quien subrayó la importancia de la articulación institucional. Fuentes destacó que este logro es el resultado de un trabajo conjunto y coordinado entre todas las instituciones que integran la instancia provincial, lo que garantiza que el proyecto tenga un respaldo multisectorial.
Asimismo, la autoridad provincial fue enfática al señalar que la estrategia de protección no se limita únicamente a la construcción de una infraestructura física. Según explicó, el plan de trabajo es mucho más amplio y comprende un conjunto de acciones destinadas a atender a todas las personas en situación de vulnerabilidad, sin descuidar la prevención. En ese sentido, se informó que se continuará con la ejecución de campañas de prevención y sensibilización para combatir la violencia en todas sus formas.
Durante el desarrollo de la jornada en San Clemente, también se dedicó un espacio para revisar y evaluar las acciones de sensibilización que se vienen implementando actualmente. El objetivo de estas actividades es promover entornos más seguros y reducir los índices de violencia, asegurando que la población reconozca sus derechos y sepa dónde acudir en caso de riesgo.
Finalmente, la Instancia Provincial reafirmó sus objetivos a mediano y largo plazo. Entre las metas planteadas se encuentra el fortalecimiento del acompañamiento a las víctimas, asegurando que reciban el apoyo necesario tanto en el ámbito emocional como en el jurídico. Para lograr esto, las autoridades se han comprometido a mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de atender estos casos, evitando la fragmentación de los servicios y optimizando los tiempos de respuesta ante situaciones de emergencia.
