La permanencia del general Óscar Arriola al mando de la Policía Nacional ha generado un intenso debate público, centrado principalmente en los severos cuestionamientos sobre su gestión. Sin embargo, este escenario ha desplazado el análisis hacia un punto crítico: la focalización del problema en una sola persona. La premisa fundamental es que la ratificación o el cambio de la cúpula policial no representa una solución definitiva ni limpiará una institución que se encuentra afectada por redes de corrupción y posibles vínculos con la criminalidad y mafias millonarias.
Esta realidad, aunque evidente para algunos, parece ser ignorada por sectores del poder. En particular, se señala al gabinete Galarreta por haber evadido el núcleo del problema, optando por respuestas que no abordan la raíz de la crisis institucional. La situación actual sugiere que el Perú no necesita simplemente un cambio de mando, sino la implementación de un Sistema Nacional de Integridad Policial que permita someter a todo el cuerpo policial a evaluaciones periódicas y aleatorias.
La propuesta para este sistema se basa en un mecanismo de selección estrictamente aleatorio, ejecutado mediante sorteos públicos. Estos sorteos deberían organizarse por grados, regiones y unidades, garantizando que nadie conozca anticipadamente quién será el sujeto de la evaluación. Este diseño tiene como objetivo principal evitar que se pueda afirmar que existe una persecución dirigida contra ciertos efectivos, asegurando la imparcialidad del proceso de depuración.
En cuanto al contenido de dichas evaluaciones, estas no deberían ser superficiales, sino exhaustivas. Cada proceso de revisión debería comprender un análisis detallado de la evolución patrimonial del efectivo, la revisión de sus declaraciones de bienes e intereses, y un examen minucioso de su trayectoria disciplinaria. Asimismo, el sistema evaluaría los destinos ocupados por el policía, las denuncias reiteradas en su contra, la existencia de vínculos incompatibles con la función policial y los resultados obtenidos mientras estuvo asignado a unidades especialmente expuestas a la corrupción.
Para que este sistema sea efectivo, la información recolectada tendría que ser cruzada, siempre dentro del marco de la ley, con diversas entidades fiscalizadoras. Se propone la coordinación directa con la Contraloría, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Sunat y el Ministerio Público. Este cruce de datos permitiría detectar inconsistencias financieras o vínculos criminales que podrían pasar desapercibidos en una evaluación interna.
Un punto crucial de la propuesta es la redefinición del rol de la Inspectoría. Se sostiene que este órgano no puede actuar como juez único de su propia institución, ya que ello comprometería la objetividad de los resultados. La transparencia del proceso requiere que la fiscalización no quede restringida a una sola entidad interna.
A pesar del rigor de estas medidas, el sistema contempla salvaguardas legales para los evaluados. Todo policía sometido a examen conservaría sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho de defensa, la presunción de licitud y la posibilidad de apelación. El objetivo final de la depuración no es la persecución indiscriminada, sino la protección de la mayoría honesta de la institución, separando mediante pruebas concretas a aquellos que mantienen una complicidad criminal.
La urgencia de implementar estas medidas radica en la seguridad nacional. Mientras el Estado no lleve a cabo una limpieza sistemática y permanente de quienes tienen la responsabilidad de defenderlo, cualquier plan diseñado para combatir la criminalidad, la extorsión y el sicariato tendrá bases inciertas y frágiles. La integridad policial se presenta como el pilar indispensable para que el Estado pueda garantizar y defender el derecho a la vida y a la tranquilidad de los ciudadanos.
Finalmente, se recuerda que el nuevo gobierno ofreció cambiar la estrategia contra el crimen. Ante la persistencia de la corrupción en las fuerzas del orden, se plantea que este es el momento oportuno para ejecutar dicho cambio y transitar hacia un modelo de integridad policial real y sostenible.
