Lucy Laborde, la exfiscal encargada del proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, reveló en una entrevista exclusiva con la revista SEMANA que fue presionada por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para modificar la imputación contra el joven empresario. Según el testimonio de Laborde, la jefe del ente acusador le solicitó retirar el delito de lavado de activos y reemplazarlo por el de enriquecimiento ilícito.
La exfiscal detalló que estas instrucciones fueron impartidas durante una reunión en el despacho de la fiscal general, en la que también estuvieron presentes la delegada Aura Liliana Trujillo, el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero y la directora de lavado de activos de aquel entonces, Alexandra Ladino. Durante el encuentro, Camargo habría cuestionado la existencia del delito de lavado de activos, consultando a la delegada Trujillo sobre las consecuencias de dicha condena. La respuesta fue que Nicolás Petro ingresaría en la "Lista Ofac", un registro de personas y entidades sancionadas por Estados Unidos. Ante esto, la fiscal general habría sugerido dejar únicamente el cargo de enriquecimiento ilícito con una pena extensa, argumentando que, al final, el condenado la cumpliría en una guarnición militar.
Laborde afirmó que se negó a seguir estas instrucciones, pues consideraba que no era negociable quitar un delito basándose en criterios ajenos a la ley. Para la exfiscal, las evidencias recolectadas —que incluyen la compra de casas y vehículos puestos a nombre de terceros para ocultar el origen del dinero— sustentaban plenamente la tesis de lavado de activos, definida como dar apariencia de legalidad a dineros adquiridos de forma ilícita.
Además de las presiones jurídicas, Lucy Laborde denunció un sistemático proceso de acoso laboral y persecución durante su gestión. Aseguró que fue trasladada a Barranquilla en condiciones precarias, donde no contaba con oficina propia, asistente, ni siquiera una impresora, y se veía obligada a compartir espacio con otra colega. Asimismo, señaló que fue despojada de sus investigadores clave, quienes fueron asignados a otros procesos o, en el caso de Víctor y Juan Camilo, capturados en lo que Laborde describe como una retaliación orquestada desde la fiscalía general para desmantelar el equipo técnico del caso.
La exfiscal también alertó sobre presuntas filtraciones de información confidencial hacia la defensa de Nicolás Petro, específicamente al abogado Carranza. Laborde relató que, tras realizar auditorías al sistema Spoa de la Fiscalía, detectó ingresos irregulares de funcionarios de la Policía que coincidían con el momento en que el abogado de la defensa presentaba poderes sobre radicados de investigaciones que ella acababa de abrir contra allegados de Petro y Daisuris Vásquez.
En cuanto a la relación con la Presidencia de la República, Laborde afirmó sentirse amenazada por el presidente Gustavo Petro. Relató que, en consejos de ministros, el mandatario la culpó por la pérdida gestacional de Laura Ojeda, una persona investigada en el proceso. Según la exfiscal, el presidente llegó a decir que "no había nada más peligroso que una madre herida", frase que Laborde interpretó como una amenaza directa hacia su integridad.
Finalmente, Lucy Laborde explicó que fue desvinculada de la Fiscalía de manera irregular, alegando que su cargo fue ingresado al concurso de méritos a pesar de que ella no cumplía los requisitos para la pensión establecidos en la Circular 030 de 2024. Tras 22 años de servicio en la institución, la exfiscal sostiene que su salida fue el resultado final de una campaña de hostigamiento diseñada para apartarla del caso de Nicolás Petro, debido a que no accedió a las sugerencias de la fiscal general ni a los preacuerdos propuestos por la defensa que buscaban reducir los delitos a simples estafas o abuso de confianza.
