Casi nueve años después de la tragedia del ARA San Juan, el sistema judicial ha emitido un fallo que pone el foco sobre un vacío informativo crítico: un tramo de poco más de dos horas en la última navegación de la nave que continúa sin una explicación definitiva. Este interrogante técnico se convirtió en el eje central del debate sobre las responsabilidades penales por la muerte de los 44 tripulantes.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó sentencia este jueves, condenando por mayoría al ex capitán de navío Claudio Javier Villamide, quien fuera comandante de la Fuerza de Submarinos y autoridad de control operativo en 2017. Villamide recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Por el contrario, los otros tres ex altos mandos procesados —Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa— fueron absueltos por unanimidad.
La condena de Villamide no fue unánime, reflejando una profunda división jurídica sobre cómo atribuir responsabilidad penal cuando la secuencia física de un naufragio no puede reconstruirse totalmente. Mientras que los jueces Mario Gabriel Reynaldi y Enrique Nicolás Baronetto conformaron la mayoría condenatoria, el juez Luis Alberto Giménez se inclinó por la absolución.
La reconstrucción de los hechos del 15 de noviembre de 2017 permite trazar una cronología precisa hasta cierto punto. Durante la madrugada, en condiciones climáticas adversas, el submarino sufrió el ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación hacia la batería de proa, lo que provocó un cortocircuito y un principio de incendio. Ante esto, la tripulación emergió para ventilar y dejó la batería afectada fuera de servicio. Villamide, informado de la situación, canceló la patrulla y ordenó el regreso a Mar del Plata.
A las 6:00 de la mañana, el comandante de la nave, Pedro Martín Fernández, envió un reporte de situación (SITREP) informando que la unidad continuaba navegando con circuito dividido. Para los especialistas, este mensaje sugería que, aunque la avería era seria, la nave seguía bajo control. Tras una comunicación telefónica a las 7:19 y la autorización de un cambio de ruta a las 8:27, se registró el último intento de conexión satelital mediante el sistema Iridium, que comenzó a las 8:36 y finalizó aproximadamente a las 8:45.
A partir de ese instante, comienza el vacío de información. No hubo más comunicaciones directas hasta las 10:51, momento en que la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) registró un evento anómalo, corto y violento, consistente con una explosión.
Durante el juicio, diversos expertos plantearon hipótesis sobre lo ocurrido en ese lapso. El capitán de navío Diego Daffunchio mencionó la posibilidad de un blackout, la rotura de una tubería o fallas eléctricas en el sistema de control de planos. Por su parte, los especialistas Luis Amilaga y Jorge Mercado analizaron los procedimientos ante un apagón total. Otra línea de investigación, impulsada por una comisión del Ministerio de Defensa integrada por los contraalmirantes Alejandro Kenny y Gustavo Trama y el capitán Jorge Rolando Bergallo, sugirió que la generación de hidrógeno tras el cortocircuito podría haber provocado una explosión interna que incapacitara a la tripulación.
Este límite técnico impactó directamente en la decisión de los jueces. Para el presidente del tribunal, Mario Gabriel Reynaldi, y el juez Baronetto, la imposibilidad de precisar la falla final no eximía a Villamide de responsabilidad. Su razonamiento se basó en la existencia de un "riesgo base" tolerable en la navegación submarina, pero sostuvieron que es obligación de los mandos evitar que dicho peligro supere los márgenes permitidos. Según Baronetto, cualquier administración defectuosa que genere un "riesgo prohibido" conduce a la responsabilidad del funcionario público como garante de la seguridad.
En contraposición, el juez Luis Alberto Giménez argumentó que la incertidumbre entre las 8:30 y las 10:51 representaba un obstáculo insalvable para cerrar el vínculo causal. Para Giménez, si no se sabe qué desencadenó la pérdida de profundidad, no se puede afirmar con certeza que una conducta previa de Villamide hubiera evitado la tragedia. Además, destacó la "cultura organizacional naval" y la autonomía reglamentaria del comandante de la unidad, Pedro Martín Fernández, como factores que limitaban la capacidad de anticipación de quien se encontraba en tierra.
A pesar de las sentencias y el análisis de decenas de testigos y peritos, las dos horas que separan el último registro satelital del evento final permanecen como un misterio técnico que atravesó todo el proceso judicial.
