El Poder Judicial, a través del Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, ha emitido una sentencia condenatoria contra Rodolfo Orellana Rengifo y su hermana, Ludith Orellana Rengifo, imponiéndoles una pena privativa de la libertad de siete años y seis meses. Esta decisión judicial se produce luego de que ambos fueran hallados culpables del delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano, según ha informado detalladamente el Ministerio Público.
La resolución judicial se enmarca en el proceso legal denominado "caso Parinacochas". En dicho fallo, el colegiado determinó que los procesados incurrieron en actos de conversión y transferencia de bienes que tenían un origen ilícito. En particular, la justicia ha establecido la responsabilidad de Ludith Orellana Rengifo en calidad de coautora de estos hechos delictivos, vinculándola directamente con las maniobras para blanquear el capital.
Además de la pena efectiva de cárcel, el órgano jurisdiccional ha impuesto sanciones económicas y administrativas adicionales. Tanto Rodolfo como Ludith Orellana Rengifo fueron sentenciados al pago de 730 días-multa, lo que representa una suma total de 29,930 soles. Asimismo, el juzgado determinó una inhabilitación para el ejercicio de derechos civiles y cargos públicos por un periodo de seis meses.
En lo que respecta a la reparación económica por los daños causados, el fallo judicial ha fijado el pago de una reparación civil ascendente a 1 millón de soles. Este monto deberá ser abonado de manera solidaria al Estado. La responsabilidad de este pago recae no solo sobre los hermanos Orellana Rengifo, sino también sobre el coimputado en el caso, Humberto Paulino Contreras Abanto.
Las investigaciones lideradas por la fiscalía permitieron reconstruir el modus operandi de la organización. Se estableció que los hechos delictivos se centraron en la gestión de un inmueble ubicado en el jirón Prolongación Parinacochas n.° 380, situado en el distrito de La Victoria. El objetivo de la organización era legalizar la propiedad de este activo mediante el uso de documentación fraudulenta.
De acuerdo con los hallazgos fiscales, el saneamiento de la propiedad se llevó a cabo mediante el empleo de documentos ilícitos. En estos registros se consignaron deliberadamente datos de personas fallecidas para simular transferencias legales. Posteriormente, el bien fue transferido entre diversos testaferros que mantenían vínculos directos con la organización criminal identificada como el 'Clan Orellana'.
Este complejo entramado de transferencias ficticias tuvo como fin último que el inmueble terminara bajo el dominio de Humberto Paulino Contreras Abanto. Durante el proceso, la fiscalía logró demostrar que Contreras Abanto actuó con pleno conocimiento de que el bien tenía una procedencia ilícita, lo que lo convierte en pieza clave de la estructura de lavado.
Por su participación, específicamente bajo la modalidad de actos de tenencia en el delito de lavado de activos, Humberto Paulino Contreras Abanto fue condenado a seis años de pena privativa de la libertad. Adicionalmente, se le impuso una sanción de 120 días-multa, equivalentes a 4,920 soles, y una inhabilitación por un periodo de seis meses.
El impacto de la sentencia no se limitó a las personas naturales. En el ámbito patrimonial y corporativo, el órgano jurisdiccional dispuso la disolución y liquidación de la empresa Administradora de Empresas Insolventes S.A.C. El tribunal verificó que esta persona jurídica no cumplía una función comercial legítima, sino que fue utilizada deliberadamente como un instrumento para consumar el delito de lavado de activos. Esta medida de disolución será inscrita formalmente en los Registros Públicos una vez que la sentencia adquiera la calidad de firme.
La estrategia legal y la sustentación del caso ante el Poder Judicial estuvieron a cargo de la fiscal provincial Giselle Rodríguez Salcedo, perteneciente al Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Estas labores fueron supervisadas por la Coordinación Nacional, bajo la dirección del fiscal superior Juan Mendoza Abarca.
Finalmente, se informó que estas actuaciones fiscales se integraron a las labores encomendadas al equipo designado por el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas. Este esfuerzo conjunto se desarrolla en el marco del actual proceso de reestructuración del Subsistema Especializado en Delitos de Lavado de Activos, buscando optimizar la persecución de estos delitos complejos.
