La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha actualizado este viernes el balance de víctimas tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio colombiano el pasado 10 de agosto. Según el reporte oficial, el número de personas fallecidas se ha elevado a 321, mientras que la cifra de heridos asciende a 4.595 personas. Asimismo, las autoridades mantienen la búsqueda de 257 ciudadanos que aún se encuentran desaparecidos.
La magnitud del desastre se extiende por una geografía considerable, afectando a 476 municipios distribuidos en 15 departamentos del país. En términos de impacto humano, la UNGRD contabiliza un total de 146.188 familias damnificadas, lo que representa a 284.185 personas que han visto sus vidas alteradas por el sismo. A pesar de la gravedad de la situación, las labores de búsqueda y rescate han dado frutos, logrando salvar la vida de 364 personas hasta el momento, aunque las operaciones de atención continúan activas en las zonas más golpeadas.
El impacto en la infraestructura material es masivo. Los datos suministrados por la entidad de gestión del riesgo detallan que 31.445 viviendas fueron completamente destruidas y otras 163.884 presentan diversos niveles de daños. Además, se ha reportado el colapso total de 467 edificios. Entre las zonas urbanas con mayores afectaciones, las ciudades de Cali y Pereira destacan como los puntos donde los daños han sido más severos. En Cali, la tragedia humana ha quedado reflejada en casos como el de Isabella Saavedra, cuyo hallazgo confirmó el fallecimiento de cuatro integrantes de su familia tras el derrumbe de un edificio durante el evento sísmico.
El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y sus efectos más destructivos se concentraron principalmente en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. El daño a los servicios básicos y la infraestructura pública es alarmante: se han registrado afectaciones en 351 centros de salud y 3.579 establecimientos educativos. Del mismo modo, 4.611 centros comunitarios, 435 vías y 111 acueductos han sufrido daños que comprometen la operatividad de estas zonas.
Ante este escenario de crisis, el presidente Abelardo De La Espriella ha tomado medidas legales drásticas para facilitar la respuesta estatal. A través de la firma del Decreto 1261 de 2026, el mandatario declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Esta medida extraordinaria tiene una vigencia inicial de 30 días y se aplica específicamente sobre las zonas afectadas por el terremoto.
Este decreto otorga al Ejecutivo la facultad de adoptar medidas urgentes en diversas áreas críticas. Específicamente, el Gobierno podrá implementar acciones extraordinarias en materia presupuestal, contractual, crediticia, tributaria y financiera. El objetivo primordial de estas facultades es habilitar mecanismos ágiles que permitan orientar los recursos públicos hacia la atención inmediata de la emergencia y el posterior proceso de reconstrucción de las áreas devastadas.
En cuanto a la inversión necesaria para recuperar la infraestructura, el Gobierno ha emitido una estimación preliminar que sugiere que la reconstrucción requerirá fondos superiores a los 30 billones de pesos. De este monto, se ha calculado que 24,5 billones se destinarán a la recuperación de edificaciones y 5,5 billones se enfocarán en la infraestructura general.
Las autoridades han enfatizado que la estrategia de recuperación debe ser integral, abarcando la reconstrucción de viviendas, hospitales, centros educativos, vías y aeropuertos, así como otras instalaciones esenciales para el funcionamiento del país. Paralelamente, desde la Presidencia se informó que se implementarán medidas de apoyo dirigidas no solo a las familias damnificadas, sino también a los comerciantes y pequeños empresarios de las regiones afectadas, buscando reactivar la economía local.
De acuerdo con el balance difundido por la agencia EFE, basado en información oficial, el terremoto del 10 de agosto de 2026 se posiciona como el sismo más fuerte registrado en Colombia en los últimos 25 años. Mientras tanto, la UNGRD mantiene desplegados sus equipos en los territorios para continuar con las labores de atención, recuperación y asistencia a la población.
