La opacidad en las operaciones de inteligencia y la ejecución de acciones militares conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos han generado una creciente preocupación entre expertos y organismos de control. La recurrente respuesta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de "ni confirmar ni desmentir" la existencia de archivos secretos, una práctica habitual desde la caída de Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954, parece resonar nuevamente en el contexto ecuatoriano debido a incidentes recientes que cuestionan la validación de objetivos militares y el respeto a los derechos humanos.
Dos casos específicos han puesto en el centro del debate los límites de la cooperación bilateral. El primero ocurrió en marzo de 2026 en San Martín, provincia de Sucumbíos. En aquel entonces, se ejecutó un operativo contra lo que se describió como un complejo vinculado a grupos armados. Sin embargo, posteriores investigaciones periodísticas revelaron que el objetivo atacado era, en realidad, una finca ganadera, lo que plantea serias dudas sobre la precisión de la inteligencia utilizada para validar el blanco del bombardeo.
El segundo escenario involucra a pescadores ecuatorianos que fueron atacados en altamar. Esta situación cobró mayor relevancia tras una revelación publicada por The Washington Post, en la cual se vincula los incidentes ocurridos con las embarcaciones Fiorella, Negra Francisca Duarte II y Don Maca con un presunto programa encubierto de la CIA. Estos hechos han abierto una interrogante crítica sobre el papel de la inteligencia extranjera en operaciones que derivan en la detención, desaparición o muerte de civiles.
El marco de estas acciones se remonta al 4 de marzo de 2026, cuando el presidente Daniel Noboa anunció el inicio de operaciones militares conjuntas con Estados Unidos para combatir el narcoterrorismo y la minería ilegal. Según Noboa, Ecuador ejecutaría acciones coordinadas con aliados regionales. No obstante, el Comando Sur informó que las fuerzas ecuatorianas y estadounidenses ya habían comenzado operaciones contra organizaciones catalogadas como terroristas dentro del territorio ecuatoriano un día antes del anuncio oficial del mandatario.
Este giro representa un cambio sustancial en la relación de seguridad entre ambos países. Mientras que anteriormente la colaboración se limitaba al entrenamiento, el equipamiento y el intercambio de inteligencia, la narrativa actual se centra en operaciones conjuntas directas. Esta estrategia es impulsada por la administración de Donald Trump, que ha catalogado a 20 organizaciones criminales latinoamericanas como organizaciones terroristas extranjeras y ha ampliado el despliegue de recursos militares para la lucha antidrogas en la región.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, llegó a afirmar que países como Colombia, Honduras y Guatemala seguirían el "modelo ecuatoriano" al permitir acciones conjuntas contra estructuras criminales, aunque Guatemala negó públicamente haber suscrito un acuerdo de tal naturaleza.
Ante este panorama, las opiniones de los expertos están divididas. Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, ha cuestionado la lógica de involucrar a la CIA en estas tareas. Según Vigil, la CIA se compone de analistas de inteligencia y no de operadores, por lo que su despliegue en este tipo de misiones no tiene sentido. Para el exfuncionario, la estrategia contra el narcotráfico debería enfocarse en la reducción de la demanda en lugar de expandir el uso de herramientas militares.
En contraste, César Paz, experto en seguridad y exagente del FBI, sostiene que este fortalecimiento responde a una convergencia de intereses estratégicos y a la grave crisis de seguridad que atraviesa Ecuador. Paz argumenta que el acercamiento con el Comando Sur en Miami es oportuno, ya que el país requiere apoyo no solo logístico, sino también de inteligencia. Destaca que el FBI posee capacidades avanzadas en ciencias forenses, análisis de inteligencia e investigación criminal que resultan fundamentales para enfrentar estructuras criminales sofisticadas.
Finalmente, el analista de seguridad y prospectiva, Jean Paul, ha manifestado su preocupación por el silencio del Estado ecuatoriano frente a estas denuncias. Aunque reconoce que los temas de seguridad son complejos de comunicar, enfatiza que ello no justifica la falta de transparencia. La ausencia de una reacción pública oficial dificulta determinar dónde termina la asistencia técnica y dónde comienza una intervención que podría vulnerar la soberanía o los derechos civiles.
