El pasado 14 de agosto se llevó a cabo la presentación del informe titulado “La verdad del exilio. Ética, criminalización y lucha por la justicia de Guatemala (2014-2025)”, un documento que analiza el impacto de la persecución política contra diversos sectores de la sociedad guatemalteca en la última década. La coordinación del trabajo estuvo a cargo de Carlos Beristain, médico y psicólogo con trayectoria en investigaciones de memoria histórica, quien dirigió el proceso de documentación y análisis.
El evento, realizado en el Palacio Nacional de la Cultura, contó con la presencia de activistas de derechos humanos, periodistas, exfiscales que regresaron del exilio y familiares de quienes aún permanecen fuera del país. Asimismo, se integró la participación virtual de estudiantes de la Universidad de San Carlos (USAC), autoridades indígenas y exoperadores de justicia que continúan en el extranjero.
El informe, que consta de más de 600 páginas y se fundamenta en los testimonios de 132 personas, sostiene que el exilio forzado entre 2014 y 2025 ha sido utilizado como una herramienta para neutralizar los avances en la lucha por la justicia en Guatemala. Según Beristain, este fenómeno es "más selectivo" y tiene objetivos políticos determinados, funcionando como una forma de venganza contra quienes investigaron casos de corrupción o llevaron a juicio crímenes provenientes del conflicto armado interno. El coordinador describió esta estrategia como la imposición de un “terror ejemplificante” para disuadir a otros de seguir caminos similares.
Uno de los conceptos centrales abordados en el documento es la “muerte civil”. Beristain explica que el exilio no implica únicamente la pérdida de derechos civiles y políticos, sino una ruptura total de la vida y la identidad. Los afectados pierden su ciudadanía activa, su reconocimiento profesional, sus recursos económicos y sus vínculos sociales. Para muchos, esto significó pasar de ser figuras de autoridad —como magistrados de la Corte Suprema o líderes ancestrales— a ser personas sin estatus en países extranjeros, dependiendo de la voluntad de los Estados receptores para obtener asilo o refugio.
El informe diferencia este proceso del exilio masivo ocurrido durante los años 80. Mientras que aquel fue producto de una política de tierra arrasada y persecución generalizada donde predominaba la muerte física, el exilio actual es numéricamente menor y dirigido a perfiles específicos: operadores de justicia, periodistas, estudiantes y defensores de derechos humanos. Además, Beristain señaló que los exiliados recientes enfrentaron mayores dificultades iniciales para obtener asilo, ya que muchos Estados no comprendían la persecución en un país que formalmente se presenta como democrático.
Respecto a las motivaciones de la salida, el documento revela que la mayoría de los afectados no tenían la intención inicial de abandonar el país. Muchos se mantuvieron bajo la lógica de que, al no haber cometido delitos, no tenían nada que temer. Sin embargo, la observación de detenciones arbitrarias, el maltrato en las cárceles y el uso de la tortura como técnica de ablandamiento —citando el caso de José Rubén Zamora— forzaron la decisión de huir para proteger su integridad física y psicológica.
Metodológicamente, el informe no se limita a relatos aislados, sino que aplica una triangulación de fuentes. Los 132 testimonios fueron contrastados con informes de organizaciones internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Cyrus R. Vance Center for International Justice, además de contar con el prólogo de Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas.
Finalmente, el informe plantea recomendaciones urgentes, destacando la necesidad de un reconocimiento público por parte del Estado guatemalteco. Beristain argumenta que la criminalización deja una "marca moral negativa" o estigma que justifica la agresión y aísla socialmente a la víctima. Para revertir esto, se propone un proceso de descriminalización que incluya el acceso real a la información de los procesos judiciales, el análisis objetivo de las pruebas y la eliminación de patrones de denuncias múltiples diseñados para prolongar la indefensión jurídica de los perseguidos.
