Una masiva movilización tuvo lugar en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, convocada inicialmente por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. A esta convocatoria se sumaron diversas organizaciones sociales y políticas, conformando un frente de reclamo que se desplazó hacia el corazón administrativo del país.
La jornada no estuvo integrada únicamente por las estructuras gremiales organizadas. Se registró la participación de miles de personas endeudadas que, a través de una autoconvocatoria coordinada mediante redes sociales, se integraron a la marcha. El punto final de la movilización fue el Ministerio de Economía, donde la CGT procedió a la entrega formal de un documento de demandas dirigido al ministro Luis Caputo y, de manera general, al Poder Ejecutivo Nacional.
En el documento presentado, la CGT sostiene que la búsqueda del equilibrio macroeconómico que el presidente Javier Milei defiende estrictamente no puede darse de espaldas a la realidad social. El texto plantea que dicho equilibrio debe integrar obligatoriamente una solución concreta para el endeudamiento y la morosidad que afectan actualmente a miles de familias y a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). La demanda central es la reactivación de la producción y el consumo, con el objetivo de poner en marcha la economía real, definida en el documento como "la que siente la gente".
El componente humano de la protesta quedó evidenciado en la presencia de numerosos jubilados. Durante la manifestación, este sector compartió los testimonios sobre las difíciles condiciones de vida que enfrentan actualmente. Los relatos estuvieron marcados por la angustia y, en diversos casos, por la desesperación, debido al riesgo inminente de perder sus viviendas como consecuencia de la crisis financiera personal.
Las cifras que respaldan el malestar social son alarmantes. Actualmente, más de 21 millones de argentinos mantienen deudas activas con instituciones bancarias y prestamistas. Esta situación es la consecuencia directa de una crisis económica que obliga a los ciudadanos a contraer créditos para poder cubrir necesidades básicas, como la adquisición de alimentos y el pago de servicios públicos. Según los datos analizados, el 54 por ciento de los endeudados lo hace específicamente para cubrir estos gastos fundamentales.
La gravedad del cuadro se profundiza al observar que seis millones de personas se encuentran en una situación de morosidad que no pueden saldar, ya sea por la falta total de empleo o por contar con ingresos hondamente bajos que resultan insuficientes para hacer frente a los compromisos financieros. Asimismo, estudios realizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indican que los jóvenes constituyen una porción sustancial de quienes han contraído estas deudas.
El impacto de la carestía de la vida y la caída del poder adquisitivo se refleja también en los indicadores de consumo. En el mes de julio, el consumo general registró una baja del 8,4 por ciento. Un dato particularmente crítico es el consumo de carne, el cual ha alcanzado su nivel más bajo en los últimos 30 años, evidenciando la erosión del presupuesto familiar.
Ante este escenario, la demanda de la CGT es específica y técnica. Exigen que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cumpla con su función de regulación respecto a los niveles de tasa de interés aplicables a los préstamos bancarios, las aplicaciones financieras, las billeteras virtuales y cualquier otro medio que sea susceptible de generar endeudamiento en personas físicas.
En paralelo, el gremio insta al Gobierno a analizar la situación crediticia de las Pymes. El documento advierte que el endeudamiento de estas empresas está comprometiendo su capital de trabajo, lo que amenaza la continuidad de sus actividades y, por extensión, pone en juego las fuentes de trabajo existentes. Para mitigar esto, exhortan a la implementación de un programa de refinanciación de deudas que atienda el nivel de morosidad, proponiendo tasas de interés que sean acordes a la evolución real de los ingresos.
Mientras estas demandas eran presentadas frente al Ministerio de Economía, en un entorno colindante con la Casa Rosada, el presidente Javier Milei se encontraba participando en el Consejo de las Américas. Durante su intervención, el mandatario defendió su modelo económico y exigió una mayor competencia frente a lo que denominó como un "círculo rojo" empresarial. Sin embargo, el clima en el evento internacional fue distante; la recepción del mandatario fue descrita como fría y los aplausos resultaron flojos.
