La Inversión Extranjera Directa (IED) en Honduras ha registrado una contracción significativa durante el arranque del año 2026, evidenciando una caída del 27% en comparación con el primer trimestre del ejercicio anterior. Esta reducción, que representa un retroceso financiero considerable, ha encendido las alarmas entre analistas económicos y representantes del sector empresarial, quienes advierten sobre la existencia de barreras estructurales que están frenando la llegada de capitales frescos al país.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), la inversión extranjera pasó de aproximadamente 292 millones de dólares en el primer trimestre de 2025 a 213 millones de dólares en el mismo periodo de 2026. Esta diferencia negativa de cerca de 79 millones de dólares refleja un debilitamiento en el atractivo de Honduras como destino para los inversionistas internacionales.
Amparo Canales, analista económica del Fosdeh, detalló en una entrevista concedida al programa TN5 Estelar de Canal 5 el pasado 19 de agosto, que este descenso no es un hecho aislado, sino la consecuencia de diversos factores internos. Entre los principales obstáculos que afectan el flujo de capital, Canales destacó la débil institucionalidad del Estado, la persistencia de trámites administrativos engorrosos y los constantes conflictos relacionados con la tenencia de tierras.
A este escenario de inestabilidad se suma una presión jurídica considerable, ya que el país enfrenta más de 16 demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Esta situación se ve agravada por la situación fiscal de la nación; el análisis del Fosdeh advierte que la deuda pública hondureña ha alcanzado la cifra de 18,660 millones de dólares, un monto que equivale aproximadamente a la mitad de la producción anual del país, limitando el margen de maniobra económica.
Desde la perspectiva del sector productivo, Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), señaló que Honduras no es ajena a una tendencia de desaceleración de la inversión a nivel global. No obstante, enfatizó que para combatir este fenómeno, es imperativo que el país establezca condiciones internas que realmente favorezcan la creación de empleo y la atracción de capital.
Urtecho fue enfático al advertir sobre el riesgo de implementar reformas laborales que puedan endurecer las condiciones actuales. "Hay que poner bases flexibles para que la inversión y el empleo se generen en Honduras. Si vamos a establecer condiciones más duras de las que tiene el Código de Trabajo, mejor no hagan ninguna reforma", sentenció el directivo del Cohep, sugiriendo que cualquier endurecimiento normativo podría ahuyentar aún más a los inversionistas.
Por su parte, José Castañeda, presidente de la Federación Hondureña de la Microempresa, subrayó que la clave para revertir esta tendencia reside en la colaboración. Según Castañeda, una mejora sustancial en la coordinación entre el sector público y el sector privado sería fundamental para fortalecer el ambiente de negocios, facilitando así el crecimiento empresarial y la llegada de capitales.
La situación de Honduras se vuelve más crítica al contrastarla con el entorno regional. Según el informe más reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Costa Rica y Guatemala se mantienen como los destinos más atractivos para la inversión extranjera en Centroamérica. En contraste, Honduras y El Salvador se ubican en las últimas posiciones de dicha clasificación, lo que evidencia una brecha competitiva creciente frente a sus vecinos.
El consenso entre los analistas y empresarios consultados es que los incentivos fiscales actuales resultan insuficientes. El mercado demanda, por encima de las exoneraciones, una mayor seguridad jurídica, procesos administrativos ágiles y condiciones reales que permitan generar empleo sostenible.
Ante este panorama, el Gobierno de Honduras ha tomado medidas para intentar recuperar la confianza internacional. El 16 de agosto se oficializó el retorno del país al CIADI, organismo del cual Honduras se había retirado en 2024. Las autoridades sostienen que contar nuevamente con este mecanismo internacional para la resolución de controversias es un paso esencial para reforzar la seguridad jurídica y proyectar una imagen de estabilidad que invite a las empresas extranjeras a retomar sus planes de inversión en territorio hondureño.
