El Ministerio Público (MP) ha solicitado una pena privativa de la libertad de 7 años contra Juan José Santiváñez, quien se desempeñó como ministro del Interior en el gobierno de Dina Boluarte. La solicitud se basa en una acusación por el presunto delito de colusión simple con agravante, según se desprende de la documentación obtenida por el diario El Comercio.
La imputación fiscal se centra en el periodo en que Santiváñez ejercía como jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior (Mininter). Se le acusa de haber intervenido irregularmente en la contratación de Anatoly Bedriñana como consultor del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) del Viceministerio de Seguridad Pública durante el año 2024. Debido a la gravedad de los cargos, la fiscal anticorrupción Diana Paico ha solicitado además que el exfuncionario sea inhabilitado por 23 años para ejercer cargos públicos, ya sea por elección popular o designación, así como la privación de grados militares, policiales y títulos honoríficos.
El caso no involucra únicamente a Santiváñez. La fiscalía también ha solicitado 5 años de pena privativa de la libertad y 15 años de inhabilitación para Anatoly Bedriñana Córdova. Asimismo, para el exviceministro Julio Díaz, la entidad fiscal ha pedido una condena de 4 años de prisión y 10 años de inhabilitación.
De acuerdo con la narrativa presentada por la fiscalía, los hechos comenzaron el 16 de abril de 2024. En esa fecha, Santiváñez, quien estaba próximo a ser nombrado Viceministro de Orden Interno, recibió en su despacho a Bedriñana, a quien la fiscal describe como su amigo. Según el relato fiscal, Bedriñana acudió con su currículum vitae y, en una reunión realizada a título personal, ambos habrían acordado su contratación aprovechando una vacante en el cargo de consultor FAG del Viceministerio de Seguridad Pública.
La fiscalía detalla que, tras este encuentro, Bedriñana se dirigió a una entidad bancaria para obtener su código de cuenta interbancaria, requisito necesario para el contrato de locación de servicios que se firmaría al día siguiente. Posteriormente, el coacusado regresó al despacho de Santiváñez para completar su hoja de vida, imprimiendo certificados mientras se encontraba reunido con el entonces jefe de Gabinete. Según la acusación, Santiváñez recibió el currículum y lo envió directamente a Julio Díaz, quien en aquel momento era el Viceministerio de Seguridad Pública.
La rapidez del proceso es un punto clave en la acusación. Ese mismo 16 de abril, Díaz Zuloeta envió el currículum de Bedriñana junto con un memorando solicitando la contratación de un consultor. Al día siguiente, 17 de abril, Bedriñana mantuvo una reunión de trabajo con Díaz y se emitieron los Términos de Referencia para su contratación. Coincidentemente, ese mismo día, Santiváñez renunció a su cargo de jefe de Gabinete para asumir la Viceministería de Orden Interno.
Sin embargo, la fiscalía sostiene que Bedriñana no registró ingresos al Mininter hasta el 30 de abril y que no existe evidencia de que haya realizado las actividades para las que fue contratado, presentando su renuncia el 7 de mayo de 2024. Posteriormente, Bedriñana reapareció contratado como asesor FAG en el Viceministerio de Orden Interno, ahora bajo el mando de Santiváñez, quien solicitó su reclutamiento el 8 de mayo. Finalmente, cuando Santiváñez fue designado ministro del Interior el 16 de mayo, solicitó que Bedriñana fuera contratado como consultor FAG del Despacho Ministerial hasta diciembre de ese año.
Ante estas revelaciones, Juan José Santiváñez ha rechazado categóricamente los cargos, calificando la acusación de "débil" y asegurando que contiene errores y deficiencias que serán expuestos en la etapa intermedia del proceso. El exministro sostuvo que Bedriñana posee una trayectoria profesional de 25 años, de los cuales 20 fueron en el Ministerio del Interior, ingresando mucho antes de que él fuera jefe de Gabinete.
Santiváñez negó haber entregado o trasladado el currículum de Bedriñana, calificando dicha afirmación como una "presunción" sin pruebas objetivas. Asimismo, argumentó que no fue él quien realizó la contratación, sino un viceministro, y señaló que existen declaraciones, como la del exjefe de recursos humanos del Mininter, que descartan su intervención en el proceso de contratación bajo el sistema FAG. Aunque reconoció su amistad con Bedriñana, insistió en que los hechos imputados por la fiscalía carecen de soporte fáctico y jurídico.
